Formosa | Distintas organizaciones convocan a manifestarse en repudio la represión de las comunidades Wichis

La Policía provincial hirió la noche del 1 de enero con balas de goma en el rostro y el cuerpo a tres niños de esa comunidad. Un chico de 13 años debió ser hospitalizado. Los efectivos hostigaron a los niños y luego intentaron detener a una decena de ellos, que se resistieron. Hace 12 días, las fuerzas de seguridad habían herido con balas de plomo a dos jóvenes de esa misma comunidad.

Ante la represión del 1 de enero en Ingeniero Juárez, distintas organizaciones “denuncian, repudian y expresan preocupación ante la sistemática opresión que el intendente Rafael Nacif, y el gobernador Gildo Insfrán, vienen impartiendo a las comunidades wichí de Ingeniero Juárez, Formosa”. 

En el comunicado emitidido resaltan el amedrentamiento físico a niños y mujeres del barrio 50 Viviendas por parte de la policía, de los cuales hay varios heridos con balas de goma y un niño hospitalizado en grave estado de salud. Asimismo, se destaca que “no es un hecho aislado sino que forma parte de una política sistemática; ejemplo de esto fue el ataque del 20 de diciembre pasado, cuando la misma comunidad sufrió la represión policial y algunos de sus miembros fueron heridos con balas de plomo”.

La mencionada comunidad es una de varias en el marco de conflictos territoriales, siendo su territorio una porción de tierra comunitaria en la que funcionaba el Instituto de Comunidades Aborígenes -ICA- de Formosa. Justamente, hace diez años y por un acuerdo entre el gobierno local y el provincial, se decidió mover las oficinas de dicho organismo a la capital formoseña, entregándose -arbitraria e irregularmente- la tierra de los indígenas a la municipalidad, con el objeto de construir viviendas para policías. La ocupación de estas tierras por parte de los wichí organizados fue respondida desde el gobierno provincial y local con hostigamientos, represión y estado de sitio, problema que en todo Ingeniero Juárez se profundiza desde abril de 2017 con la serie persecuciones y detenciones arbitrarias -entre ellas al docente Agustín Santillán, ya liberado, y a Roberto Frías, quien hoy se encuentra desaparecido- que desde distintos espacios se denunció.

Desde la comunidad del barrio Cincuenta Viviendas han acusado “que la política del gobierno es la violencia indiscriminada, la criminalización sistemática de sus referentes, y el armado de causas truchas, modus operandi común y corriente del corrupto sistema penal formoseño contra las comunidades indígenas, y que lleva la firma de jueces como López Picabea”.

También denuncian que existen dirigentes desaparecidos de la comunidad desde que comenzó el conflicto, esto es, hace diez años. Por otra parte, cabe señalar que los hostigamientos realizados desde las fuerzas policiales a los niños wichí son terriblemente habituales: ya se han denunciado las cacerías de niños por parte de la fuerza, la existencia de decenas de niños asesinados, y hace dos semanas, la represión con balas de plomo a dos jóvenes de esa misma comunidad.

También, el comunicado repudia los hechos que violan todo tipo de derechos: humanos, indígenas y de los niños, y que en el fondo manifiestan la represión focalizada a quienes se organizan, dado que varios de los niños heridos en este último hostigamiento policial son parientes de los wichí que luchan por sus derechos y por el acceso al territorio.

Esto se expresó en 2017 con el aumento del hostigamiento a comunidades indígenas en todo el país, contexto de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por parte de las fuerzas de seguridad, y ahora, en las detenciones a militantes de izquierda tales como la acaecida a César Arakaki, la persecución a Sebastián Romero, y el informe trucho del Ministerio de Seguridad sobre la RAM que implica a diversas organizaciones sindicales, políticas, y editoriales y medios de comunicación alternativos.

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