J. V. González | El Municipio apeló una medida que lo obligaba a presentar el Estudio de Impacto Ambiental de la Inversora Juramento SA
- Por: Claudia Alvarez Ferreyra
El año pasado el fiscal penal de Anta, Dr Gonzalo Gomez Amado, presentó una Acción de Amparo Ambiental Contra la Municipalidad de J. V. González. La presentación se hizo en el Juzgado Civil, Laboral, Comercial y de Personas a cargo de la Dra Patricia Rahmer. Según consta en los expedientes, desde la Municipalidad habían respondido a la demanda con información requerida pero que al evaluarla, la Dra Rahmer encontró “insuficiente y desactualizada” en lo correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Inversora Juramento SA, por lo mismo hizo lugar a la acción presentada desde fiscalía. El municipio apeló y el caso está ahora en la Corte de Justicia de Salta. Estos datos salen a la luz, a raíz de la convocatoria independiente de vecinos/as a manifestarse por los olores repugnantes que provienen de la empresa ganadera.
La Acción de Amparo presentada contra la comuna tiene como objeto que se provea “Información Pública Ambiental” relacionada a la firma Inversora Juramento SA y argumentan que viene siendo negada desde 2014 por la intendencia. Los informes solicitados eran: el estado de Trámite de Habilitación, Certificación ambiental, y copia de Estudio de Impacto Ambiental y Social concerniente a la actividad de engorde bovino a corral. Desde la fiscalía sostienen que esa información posibilitaría “realizar análisis de los impactos ambientales y descartar que los mismos sean negativos”.
La Procuraduría General de la provincia había dado instrucciones a la fiscalía de J. V. González para “la realización de actuaciones extrajudiciales” después de recibir la versión taquigráfica de una denuncia pública del diputado Pedro Sandez en la cámara de diputados en 2013. Las directivas tenían “la finalidad de recolectar información de mérito suficiente, que permita evaluar de manera objetiva la situación ambiental, y de ser necesario, advertir la necesidad de interponer medidas de reparación ambientales contra el emprendimiento observado”.
El abogado que representa a la Municipalidad de J. V. González en esta causa es el Dr Miguel Angel Torino, y argumentaba una “falta de legitimación para obrar de la fiscalía” , añadiendo que al intendente solo le realizaron dos oficios y el resto fueron dirigidos a la Contadora Sandra Paez, Coordinadora Ejecutiva de Ingresos Públicos de la Municipalidad. Sin embargo desde el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Personas, la Dra Rahmer determinó la viabilidad de la Acción de Amparo y evaluó la documentación presentada por el municipio advirtiendo que el esIAS (Estudio de Impacto Ambiental y Social) “fue objeto de diferentes observaciones por el propio Estado Municipal, lo cual derivó en que se otorgara a la firma el plazo de 30 días para que subsanase las observaciones formuladas”. En los expedientes, la Jueza dice que la información brindada no es la “versión final y corregida”, y que el municipio debería poseerla porque la empresa Inversora Juramento SA tenía un plazo que “expiró ya hace 2 años”.
La jueza Rahmer dispuso que el municipio presente el Estudio de Impacto Ambiental y Social final corregido. Manifiesta que “sin el acceso a una información adecuada, sin una base educativa generadora de conciencia ambiental, la participación ciudadana será débil ante el degradamiento que día a día sufre el medio ambiente, la participación del estado debe ser integral y combinada, mediante una política coherente de sus tres poderes y una de las cuestiones fundamentales para que el Estado y la Sociedad avancen debidamente en el tema ambiental es el fomento de la información, tan necesaria para la correcta y eficaz toma de decisiones o para la planificación de la investigación y gestión; ésta facilita y promueve la participación, necesaria en la tutela del medio ambiente, la participación ciudadana y de todos los agentes sociales (gestada mediante el acceso y la información pertinente) es esencial para que la solidaridad y responsabilidad marquen el rumbo en las cuestiones referidas al medio ambiente”.
La municipalidad de J. V. González decidió apelar la medida en vez de poner a disposición el Estudio de Impacto Ambiental y Social de la empresa. El caso está en la Corte de Justicia de Salta. A los costos económicos de esa apelación los paga la ciudadanía del municipio en lo que respecta a las presentaciones legales y a los servicios de un abogado. A los costos de una posible contaminación ambiental también los pagaría la ciudadanía, con bienes comunes dañados, con su salud y calidad de vida degradadas.
El olfato del pueblo tal vez informe lo que el municipio no, los olores nauseabundos provenientes de la Inversora Juramento que impregnan en particular a la localidad de J. V. González y a los pueblos de La Ranchería y Gaona dependientes de El Quebrachal están preocupando a los habitantes anteños. Es tan difícil convivir con ese olor, que no se esquiva ni cerrando puertas ni ventanas. Por eso los/las vecinos/as de J. V. González han decidido manifestarse este sábado a las 19hs. en la Municipalidad de esa ciudad e invitan a los habitantes de los pueblos cercanos a sumarse al reclamo, acompañando o realizando las demandas pertinentes en su municipio.
Las declaraciones del Intendente Aguirre
El intendente Juan Domingo Aguirre brindó una entrevista en un canal local y sostuvo lo siguiente: “(…) Yo veo el compromiso muy fuerte de la empresa, cero problema porque no nos gusta percibir ese olor que se percibe por ahí cuando llueve, al otro día se seca eso, estamos trabajando tanto la institución como la empresa […] Conversamos hoy, Yo creo que ellos tienen un compromiso fuerte con J. V. González [… ] Tenemos que destacar que es una empresa que está dando trabajo. El problema del olor, están trabajando para llevar a otro sector, al -paraje- “Veintiuno”… Me comentaban que hay una inversión de 8 millones para 40 mil cabezas con futuro a 80… Hay que pensar que ese trabajo que se está haciendo porque hay que hacer los corrales, los caminos, enripiar, no van a avanzar rápidamente quizá con los tiempos que tengan estimados… Hay que destacar que son 350 familias las que van a seguir trabajando en esa empresa cuando se traslade este feedlot, obviamente cuando se agrande esa inversión que están haciendo ellos seguramente van a seguir dando trabajo a más gente…”.
La riqueza en pocas manos
En J. V. González, actualmente la INVERSORA JURAMENTO tiene más vacas – 80 mil- que gente trabajando y que habitantes en cada municipio. Desde 1990 hasta la fecha han creado solo 350 puestos trabajo.
En declaraciones a la agencia especializada Bloomberg, Jorge Horacio Brito, el principal accionista de la Inversora Juramento sostuvo que “ha demostrado ser un éxito y ha llegado el momento de duplicar su escala”. Espera recaudar hasta 200 millones de dólares en Wall Street para dar liquidez a los inversores del emprendimiento ganadero ubicado en Anta. “Además de multiplicar la cantidad de cabezas, con el capital acumulado prevé adquirir nuevas tierras y extender las 87.414 hectáreas que posee actualmente para la cría de ganado vacuno de las razas Brangus y Braford de las cuales exporta cortes premium a Europa, aunque la mayor parte de la carne la vende en el país” […] “la empresa dispone también de 14 mil hectáreas para cultivar maíz y soja para alimentar el ganado” (datos gentileza de Cuarto Poder).
A nadie pueden quedarle dudas de las extraordinarias ganancias que obtiene la Inversora Juramento SA explotando los recursos del departamento de Anta, los/las que no estarían viendo beneficios serían los/las ciudadanos/as que deben convivir con su feedlot a pocos kilómetros.
