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Crece el escándalo institucional por la maniobra del gobernador al proponer a un Juez de la Corte y un Procurador General

Abel Cornejo, ex juez de Corte, ahora pretende ser Procurador General de la Provincia. Y el procurador, Pablo López Viñals, se postula para juez de Corte. El gobernador los propuso a ambos para los nuevos (viejos) cargos. Ahora esperan la aprobación del Senado, donde se pidió el rechazo, por entender que esta jugada viola la Constitución.

El que era juez de Corte renunció -renuncia que se hará efectiva el 11 de este mes- y ahora se postula para Procurador General de la Provincia. El Procurador General quiere ocupar el cargo que deja vacante el otro. Un enroque entre Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal que no podría avanzar sin el visto bueno del Poder Ejecutivo Provincial, que tiene la facultad de proponer a los candidatos a ocupar estos importantes cargos, y así lo hizo.

El 30 de abril pasado un grupo de 15 dirigentes políticos, la mayoría abogados, e integrantes de partidos de la oposición en la provincia, pidió al Senado provincial que rechace los pliegos del futuro ex juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, ahora propuesto para Procurador General, y del actual Procurador General, Pablo López Viñals, propuesto para juez de la Corte. Si se aprobaran estas postulaciones, ambos se sucederían recíprocamente en los cargos de juez de Corte y Procurador General de la provincia.

La impugnación destaca que estas postulaciones son posibles solo por la renuncia de cada uno de cada uno de ellos a sus cargos. De hecho, en la postulación remitida por el PEP al Senado también se deja en claro este enroque: ambos pliegos ingresaron formalmente al Senado el 25 de abril. El de López Viñals fue ingresado en primer lugar, con el expediente 90-27.723/19; el de Cornejo ingresó con el expediente 90-27.724/19, y su trámite está atado al del primero, como señala el pedido de acuerdo:“En el supuesto de que el Senado prestase favorablemente el acuerdo del nombrado candidato (López Viñals, para juez de Corte), proponer al Dr. Abel Cornejo, D.N.I. Nº 16.307.158 para el cargo de Procurador General de la Provincia.”

Las designaciones en los cargos que ocupan actualmente ambos vencen en 2020, pero al renunciar Cornejo abrió la posibilidad de que López Viñals se postule para este cargo, con lo cual quedaría a su vez vacante la Procuración, y así se abre la posibilidad de que Cornejo sea nombrado en este lugar. Una sucesión recíproca que para el grupo para los impugnantes es una maniobra para eludir la Constitución y permitir que el gobernador Juan Manuel Urtubey designe un juez de Corte y al Procurador General antes de abandonar su cargo en la gobernación. Para los impugnantes, esto implica un ejercicio abusivo de las atribuciones del gobernador y expone la existencia de “acuerdos previos entre funcionarios que debieran ser independientes”.

“De concretarse las designaciones se configurará un verdadero escándalo, un pésimo precedente, que demostrará un altísimo grado de deterioro institucional e incluso moral en nuestra provincia”, advierte la impugnación presentada el 30 de abril y que lleva la firma, entre otros, del abogado y dirigente radical Roque Rueda, el ex diputado provincial por Somos Todos Carlos Zapata, el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, el ex legislador radical Fermín Aranda, las ex diputadas Virgnia Diéguez y Virginia Cornejo; el referente de la Coalición Cívica Alberto Tonda; el ex ministro de Trabajo de la Nación, José Armando Caro Figueroa, y el ex fiscal de Estado Armando Isasmendi.

“La sucesión recíproca de ambos funcionarios configura una evidente maniobra abusiva, orientada a eludir prescripciones constitucionales, confiriendo irregularmente al actual gobernador la posibilidad de ejercer ciertas atribuciones que naturalmente no podría ya utilizar hasta el término de su prolongado mandato”, se sostiene en la impugnación, en la que también se recuerda que “las atribuciones constitucionales deben ejercerse con buena fe, y utilizarse para el propósito de bien general que anima a la Constitución” y “no deben usarse para buscar ventajas políticas personales o sectoriales”.

Los impugnantes reseñan que “la particular manera” en que fue postulado Cornejo, “’a las resultas’ de la postulación del doctor López Viñals”, “no solo es de muy dudosa constitucionalidad en sí misma, sino que constituye otro indicio serio de la existencia de un entramado político muy imbricado entre las dos postulaciones, y muestra una urgencia poco natural, que difícilmente esté vinculada a ‘los intereses del Pueblo’ y a los ‘fines del ordenamiento jurídico’”.

Para los impugnantes, el Senado, que hace una valoración política sobre los postulantes elevados por el Poder Ejecutivo Provincial, “no puede obviar la valoración ética del accionar de los postulados y del propio hecho de la postulación, ni la trascendencia institucional de su decisión”. “De concretarse las designaciones se configurará un verdadero escándalo, un pésimo precedente, que demostrará un altísimo grado de deterioro institucional e incluso moral en nuestra provincia”, insisten.

“Hasta el momento”, señala la impugnación, están “involucrados” en esta “maniobra” un juez de Corte, el Procurador General de la Provincia y el gobernador, “tres funcionarios que debieran demostrar la mayor independencia recíproca”, porque el principio de la división de poderes prevé que en realidad deberían controlarse entre sí. En cambio, “todo lo contrario se evidencia en este accionar conjunto y coordinado, poco natural, que el sentido común indica como imposible sin conversaciones y acuerdos previos”.

El Senado sesiona hoy, y se estima que podría tratar ambos pliegos. “Hay serios indicios de que el Senado pretende dar un tratamiento express a los dos acuerdos”, adelantó Rueda en las redes sociales, a través de las cuales pidió que “todos los que tengan intenciones de impugnar esta vergonzosa operación (que) lo hagan rápidamente, antes de la próxima sesión del Senado, y no esperen la publicación de edictos, ni nada por el estilo”.

En la primera parte del proceso de postulación, en el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, López Viñals recibió 2414 adhesiones a su postulación para juez de Corte. Una gran cantidad, claro, provenientes de funcionarios y empleados del Poder Judicial, y del Ministerio Público. Entre esas adhesiones, recibió el respaldo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y la del juez de Corte Abel Cornejo, que figura en tercer lugar, detrás del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, y la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Karina Iradi.

Del otro lado, hubo cuatro observaciones a la candidatura del Procurador General a la Corte, entre ellas de la Comisión de Víctimas de Familiares y del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), que, entre otras consideraciones, criticó la oportunidad de la postulación (cuando todavía está en funciones Cornejo y cuando el gobernador está en su últimos meses de mandato) y la falta de calidad de la gestión del Procurador General, con crímenes resonantes sin resolver, como los de las turistas francesas, el homicidio de Jimena Salas y la muerte de Yanina Nuesch y Luján Peñalva.

A finales de 2007 el entonces gobernador Juan Carlos Romero, ya en su retirada para que asumiera el actual gobernador, hizo algo parecido, designando a dos jueces de Corte de su cuño antes de irse: el cuestionado ex secretario de Seguridad Gustavo Ferraris (el represor de La Noche de las Tizas, en 2005) y el entonces apoderado del Partido Justicialista, el actual presidente de la Corte Guillermo Catalano. También impulsó la permanencia del entonces presidente de la Corte, Guillermo Posadas. Ferraris y Catalano recibieron el acuerdo del Senado en tiempo récord, el pliego de Catalano –por ejemplo- ingresó a la mañana del 29 de noviembre y recibió el acuerdo esa misma noche.

 

 

 

 

 

Fuente: Vové

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