Agentes de la Unidad Carcelaria de Metán a juicio por vejaciones

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De la investigación surgió que en la madrugada del 8 de julio de 2017, mientras el denunciante estaba alojado en el “disciplinario”, sólo con ropa interior y mientras pedía que se le diera abrigo, ingresaron tres personas, entre las que pudo reconocer al imputado Manuel Teodoro Chocobar, de 43 años.

Lo hicieron caer al piso y le propinaron una golpiza, que fue acreditada con el certificado médico que dio cuenta de lesiones en el cuerpo de la víctima.

También surgió la responsabilidad del acusado y celador Claudio Rubén Sosa, de 41 años, a quien se lo vio ingresar en el lugar donde el interno cumplía la sanción disciplinaria y participar de la golpiza, conforme lo sostuvo un testigo.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que la figura endilgada a los imputados, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo detenido en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.

Ese derecho, como atributo de la personalidad, está asociado a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional junto con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en relación a la forma en que debe llevarse a cabo toda medida de encierro.

La fiscal destacó que cuando esa medida de encierro, se ve agravada por la golpiza llevada a cabo por los acusados, merece sin dudas el reproche penal atribuido, pues la libertad individual que se intenta resguardar mediante la disposición, se ve conmovida a raíz de los procedimientos que se caracterizan por su carácter mortificante.

Además, como complemento típico legal, se requiere que el agente desempeñe un acto de servicio al momento de la ejecución ilícita; un acto propio de su actividad y tal como surgió de las constancias del legajo de investigación, tanto Chocobar como Sosa se desempeñaban como funcionarios penitenciarios en el Unidad Carcelaria N° 2, donde ocurrieron los hechos denunciados por el interno agredido.

En el mismo requerimiento, la fiscal solicitó el sobreseimiento de Gustavo Leonel Antonio Balderrama, de 29 años, pues tras la investigación no surgieron datos certeros sobre su participación en los hechos endilgados.

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