Identidad Marrón es un colectivo que propone hablar sobre el racismo estructural en el país. Se definen como “personas marrones hijxs y nietxs de indígenas y campesinos de América”. 
Los primeros pasos del colectivo fueron dados hace 7 años, en una marcha del orgullo LGBTIQ+, donde interpelaron a la misma diversidad sexual para ampliarle los horizontes a la diversidad étnica y hablaron sobre cómo se atraviesa la homosexualidad en las comunidades indígenas.

Con una mirada que asume lo complejo al hablar de racismo en un país bastamente diverso, invitan a desarmar una problemática que aseguran, atraviesa todas las clases sociales y todos los partidos políticos, “hasta los progre y los de izquierda” donde en “los cuerpos marrones” se imprimen las significaciones raciales.
“El crimen de Astudillo fue un crimen racista del estado. Tenemos trabajos donde analizamos cómo pesa la violencia institucional sobre los cuerpos marrones. Hay un problema étnico, cuando muere un blanco es un tema nacional, como Santiago Maldonado, pero los marrones mueren todos los dias como el niño de Tucumán que murió asesinado por la espalda por la policía, o el caso de Astudillo. El de Astudillo recae sobre Kicillof, no pronunciándose. Decimos eso, que al final la blanquitud se plantea desde la derecha pero tambien cruza al peronismo. Los cargos de los ministerios tienen al frente a personas blancas”, advirtió Alejandro Mamaní, uno de los fundadores del colectivo que aseveró que aún el tema es poco tratado. “Se trata el género, se creó un ministerio de la mujer, pero no se le da la misma importancia al racismo”, cuestionó.

El abogado salteño aseguró que la poca maduración del tema se relaciona a que aún es un tema “tabú y complejo”. “Porque en latinoamérica se piensa que el racismo es solo contra los afrodescendientes, cuando las personas indígenas tienen trato diferenciados en el acceso la salud, el trabajo y la educación”, advirtió Mamaní.
Identidad Marrón tiene representantes en Mendoza, Ushuaia y desembarcó recientemente en Jujuy. Ahora busca tener representantes en Salta. Donde aseguran, a pesar de que el norte es una de las regiones más multiétnicas del país, aún pesa el sesgo colonial. “Salta y Jujuy tienen gobernadores todos blancos. De hecho en Salta, en este sentido, si hacés un mapeo todos los patidos políticos son de la misma clase social”, resaltó.

El colectivo también analiza cómo se cruza lo racial en la proximidad del norte con el país limítrofe de Bolivia. ”El boliviano es la maximización de lo indígena, el boliviano, peruano o paraguayo tiene la estigmatización de lo sucio, lo pobre. Aquí se dice coya o yuto. Coya es una variedad étnica, pero yuto es como decir villero y que tiene rasgos fenotípicos particulares que se relaciona con lo indígena”, indicó. 
Autopercibidos también como descendientes de campesinos, Mamaní además puso bajo la lupa los aspectos raciales que operan en este sentido. “En Salta está la institución de la criadita que es cuando las familias campesinas mandaban a las hijas a las familias de la ciudad con el compromiso de darle educación. Pero en realidad la tenían solo de empleada doméstica”, precisó.

Aunque el abogado militante aseveró que no es un problema exclusivo de la región: “No es xenofobia, cuando se dice ‘sos un indio‘, en toda lationoamérica, el indio es vago e ignorante. Si vos le pedís a cien argentinos que te dibujen un ‘yuto o un negro‘, posiblemente lo dibuje con rasgos indígenas gorrita y zapatillas”.
Ciertos puestos de trabajo son estudiados por el colectivo que asegura, al ser ocupados por “marrones”, han sido invisivibilizados, como el empleo doméstico. “Porque a pesar de tener una ley desde el 2012 de empleo doméstico que sale la misma de peón rural; antes del 2012 no tenían los derechos de cualquier otro trabajador”, resaltó Mamaní.

El caso de la titular del Inadi, Victoria Donda, donde fue cuestionada por ofrecerle a su empleada doméstica gestionar una ayuda social o un contrato de trabajo en el organismo estatal en un contexto de negociación laboral, no escapa a los cuestionamientos del colectivo. “Lo de Donda es terrible porque le hace a su empleada un aporte de $5 mil, asentada por menos horas. Muy suelta Donda dice que ‘la señora tenía una situación de vulnerabiliad‘. Estamos hablando de la titular del Inadi. A mi personalmente me gustaría que ella de un paso al costado. Me gustaría que a la vara de la precarización laboral sea la misma para los amigos y enemigos”, indicó.

En cuanto a las respuestas que relacionaron el caso a una “cuestión política”, Mamaní consideró que ”una persona que pide sus derechos no puede ser acusada de ser parte de un complot. El silencio del progresismo blanco es cómplice. Era una mujer de mas de 60 años, migrante posiblemente”. El Tribuno

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