Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura -CNPT- acercaron recomendaciones a la Corte de Justicia de Salta, que deberá decidir si las personas privadas de la libertad pueden utilizar celulares y hacer videollamadas para comunicarse con sus familias en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El organismo dirigió una nota con fecha del 13 de enero al juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, para que se le haga llegar al alto Tribunal. Se acompañó la misiva con las recomendaciones que publicó el CNPT en octubre del año pasado para que se adopten medidas compensatorias asegurando las comunicaciones de las personas privadas de la libertad durante la pandemia.

Por el COVID-19 hubo restricciones en las visitas a los penales como medida de prevención.

En el marco de un habeas corpus que se resolvió en favor del acceso a la telefonía celular de las personas privadas de la libertad de Salta, el gobierno de Salta apeló y ahora el tema va a ser tratado por el Tribunal Superior Provincial.

La Corte de Justicia es la que tiene que decidir.

“Nuestra recomendación es que ese hábeas que se presentó quede firme y haya un protocolo para que los celulares estén habilitados en Salta”, manifestó Josefina Ignacio, en representación del CNPT.

Además Ignacio consideró que “no hay ningún argumento sólido” en la apelación que hizo la Provincia, y agrega: “dicen que se pone en riesgo la seguridad interna pero no está explicado. En las otras provincias no ha habido ningún problema”, manifestó.

La representante del organismo comentó que “en la provincia de Buenos Aires, donde hay casi 50 mil personas privadas de la libertad, el uso de celulares es libre: lo pueden tener las 24 horas mientras tengan los equipos registrados”.

“Contar con celulares y acceso a wifi permitió alcanzar cifras récord de personas privadas de la libertad que rindieron exámenes universitarios, con el celular y zoom tomaron cursos y talleres de todo tipo y tuvieron atención virtual de terapias psicológicas“, indicó.

Cabe destacar que en los penales, donde se restringieron las visitas, es muy difícil para las personas privadas de la libertad mantener contacto efectivo y periódico con sus familias. Por eso, el acceso a TIC se convierte en una medida de compensación.

“Una impresión mía es que quizás hay mucho prejuicio y desconocimiento. Capaz piensan que va a ser utilizado para hacer delito. Es algo que puede ocurrir pero en un porcentaje muy pequeño… Quizás algunas personas lo mal usaron, pero la evaluación ha sido favorable”, señaló Ignacio.

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