La gestión de Francisco “Paco” Perez se destaca por dar la nota y no precisamente por buenas acciones. Es que desde los primeros días en el municipio, el flamante jefe comunal fue señalado de sobre cargar con familiares y amigos el lugar o de la falta de interés al momento de elaborar planes de trabajos.

Pero ahora traspasó todo tipo de límites, ya que nombró desde hace aproximadamente un mes al ex policía torturador Jorge Daniel Escobar, que si bien cumplió condena, su designación, infringe los estatutos municipales.

Escobar en el año 2.010 fue apartado de la fuerza de seguridad junto a tres policías más por torturar a cuatro adolescentes de 15 y 16 años de la comunidad Chorote de Tartagal.

Pérez de mal en peor

Por la secretaría de gobierno ya van transitando dos personas más (Bautista y Figueroa) algunas versiones indican que estos ex funcionarios abandonaron el puesto por no entender el funcionamiento del mismo. Por esta razón “Paco” nombró al apartado ex jefe de la brigada de investigaciones de Tartagal.

Al conocerse la noticia, la molestia no tardó en llegar por parte de algunos vecinos que conocen los antecedentes de este ex policía.

El Caso

Evangelina Pisco, de 16 años, una adolescente que pertenecía a la comunidad Chorote, desapareció, tiempo después su cuerpo fue encontrado en un pozo de cloacas. Por este caso fueron detenidos y torturados cruelmente cuatro jóvenes de la misma comunidad que Evangelina.

Tanta fue la saña con la que Jorge Escobar y sus pares golpearon a los chicos acusados de matar a la menor que para detener el tormento al que eran sometidos dijeron que la habían descuartizado. Después se supo que murió ahogada.

Por este hecho que marcó un precedente en materia de violencia policial en el norte provincial intervino la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura salteña y el ex ministro de Gobierno, Pablo Kosiner decidió apartar de la fuerza a los torturadores.

Cabe mencionar que con esta designación el Intendente de Pizarro viola el artículo 19 de la Carta Orgánica municipal que indica: “no podrá pertenecer al ejecutivo municipal el que tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal…”.

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