La fiscala Verónica Simesen de Bielke se declaró incompetente en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia del empresario Matías Huergo contra el diputado Nacional Martín grande y otros funcionarios ya que estas la sobreexceden por ser jurisprudencia de Nación, aseguró.

Según Simesen de Bielke hubo “hechos ocurridos en el marco de una causa que tramita ante el Fuero de excepción y que todos y cada uno de los posibles involucrados forman parte de la estructura nacional” por lo cual no puede involucrarse.

La denuncia que radicó el empresario Huergo sostiene que fue víctima de tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, amenazas, extorsión. Esto fue llevado a cabo por funcionarios de AFIP y de la Justicia Federal de Salta pero sobre todo por Martín Grande. Según la denuncia de Huergo fue el autor intelectual y material.

Los hechos remiten al año 2019, cuando Gustavo Sáenz todavía era intendente de la municipalidad, en aquel entonces Huergo visitó a Martín Grande en un programa de radio y le expuso que estaba siendo blanco de una serie de allanamientos en su oficina y su hogar en el marco de allanamientos generales a funcionarios públicos de la Municipalidad, el empresario manifestó su desagrado, por lo cual el diputado aseguró que tenía buenos tratos con las máximas autoridades nacionales de la AFIP,  y que podría ayudarlo.

Posteriormente, cuando Grande regresó de Buenos Aires luego de la reunión, le informó a Huergo que debía radicar una denuncia contra los funcionarios públicos de la Municipalidad de Salta y contra el mismo intendente Sáenz, ya que estaba por ser acusado de una serie de delitos que no precisó, indicando que el “hilo siempre se corta por lo más fino”, y si no lo hacía, iría preso bajo condiciones que no podría tolerar.

En la misma denuncia el empresario asegura que la causa judicial se inició en septiembre del 2017 con una denuncia en la cual AFIP requirió escuchas telefónicas sin argumento, y que estas intervenciones se produjeron durante un año sin un sustento.

Huergo sostiene que todo esto formaba parte de un plan para “incriminarlo y perjudicar al entonces intendente Sáenz, quien había anunciado su candidatura a gobernador”, por esto “en forma permanente el Juzgado Federal, La Fiscalía y la AFIP, filtraron información a la prensa” con el objetivo de dañar su figura como empresario y la de Sáenz para manchar su candidatura a la gobernación.

Los presuntos responsables y el armado de causa

Los nombres que aparecen ligados a la denuncia en trámite en el Juzgado Federal Nº1, y que habrían actuado de forma coordinada son muy puntuales: el ex director de Operaciones Impositivas del AFIP, Jaime Mecikovksy, ex Director de la Dirección Regional Salta de AFIP, Guillermo Andrés Oro, ex Jefe de la Sección Tributaria de AFIP, Rodrigo Zambrano Echenique, ex Jefe de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP, José Félix Castellaro y cualquier funcionario que hubiera intervenido en el hecho.

Asimismo, nombró como presuntos responsables al Dr. Ricardo Toranzos, Fiscal Federal, Dr. Julio Leonardo Bavio, Juez Federal del Juzgado Federal Nº1, Dres. Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Santiago French, jueces de la Cámara Federal de Salta y finalmente al diputado nacional Martín Federico Grande Durand como parte de un proceso de espionaje para infringirle delitos a su propia persona así también como a profesionales, funcionarios y políticos de la municipalidad de la provincia entre los años 2017-2021.

Aseguró que si bien la causa fue iniciada por funcionarios del AFIP, el Fiscal Federal y el Juez Federal delegaron la investigación a la División Investigaciones de AFIP, existiendo por parte de estos funcionarios un exceso al investigar supuestos delitos de fraude a la administración pública provincial y municipal, que son incompatibles con la función pública porque sus competencias se limitan a las disposiciones de la Ley Nº 11.683 y Dec. Nº 618/91.

“Todo esto evidencia que de buscó una causa política contra Sáenz aseguró el denunciante”.

La visita de Grande a la cárcel

“El objetivo era que Gustavo Sáenz se viera perjudicado en su candidatura y ello sólo podía cumplirse si el denunciante de acogía a la figura del arrepentido, como se lo requirió el Diputado Martín Grande”.

El pedido para acoger dicha figura se dio el 16 de mayo de 2019 en una visita de Martin Grande a Matías Huergo mientras este se encontraba preso en la sede de la Policía Federal, allí y con una serie de irregularidades en el camino le ofreció facturas y le dijo “Matías vos tenés que acoger la figura del arrepentido y denunciar a Sáenz y sus funcionarios, es la única manera que tenés de zafar, vos no tenés idea lo que te espera en la cárcel de Güemes”, relata Huergo.

En respuesta el empresario preguntó que es lo que tenía que denunciar y Grande le respondió que estaba todo arreglado con el fiscal federal Ricardo Toranzos y que su abogado había redactado un escrito para inculpar a Sáenz y sus funcionarios, que si lo hacía saldría esa misma noche. Huergo insistió que no evocaría tal figura porque no había delito. A raíz de esto estuvo privado de su libertad por 92 días.

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