La joven que sufrió el violento ataque lucha por sobrevivir en el hospital de Orán . El sujeto tiene varias denuncias en su contra, incluso por violencia de género.

Daniel Martínez, alias Oreja, como se lo conoce en el norte provincial, golpeó salvajemente a su pareja el fin de semana en Orán. A raíz de la paliza recibida, la joven fue trasladada por el mismo agresor al hospital San Vicente de Paúl, donde la dejó y se dio a la fuga. Ocurrió el sábado y desde entonces la Policía aún no logró dar con el paradero del sujeto, mientras la mujer lucha por sobrevivir en terapia intensiva. Entre ambos tienen un hijo en común, familiares y amigos de la víctima, indignados, claman por justicia y que las fuerzas de seguridad atrapen al causante.

Otro sujeto con antecedentes penales graves gozaba no solo de la libertad en el norte provincial sino también maltratando a su pareja. Conocido con el apodo de Oreja, las fuentes indicaron que el sábado a la tarde noche el sujeto estaba junto a su concubina en el domicilio donde convivían cuando por motivos que se investigan comenzaron a discutir. El hombre además de golpearla comenzó a asfixiarla con un cable, fue lo que indicaron familiares directos de la víctima.

Al parecer, según testigos y fuentes de la investigación, frente al salvaje ataque y la grave situación en que estaba la joven madre, el sujeto la observó inconsciente e inmediatamente fue a buscar a un amigo médico para practicarle ejercicios de rehabilitación. Sin poder hacer demasiado, Daniel Martínez decidió por su cuenta trasladarla hasta el hospital de Orán donde esgrimió argumentos falsos respecto de la situación de la mujer: expuso que intentó quitarse la vida, y la dejó en el sector de emergencias para luego darse a la fuga.

Según hicieron saber desde el instituto médico norteño, la joven ingresó con signos de haber sufrido asfixia, al parecer tenía marcas en el cuello que serían del cable que el atacante utilizó en su atroz intento de quitarle la vida. Testigos, vecinos de la mujer, escucharon los gritos y los golpes, familiares de Carolina también aportaron pruebas y argumentos de otra nueva causa por intento de femicidio que se desató en el norte provincial.

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a Germán Nicolás Delgadillo, Melani Giselle Alfaro y Sofía Candela Muñoz, por la comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A Muñoz también le imputó el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil.

Distintas tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal policial; elementos secuestrados en los allanamientos en inmuebles de barrio Autódromo y en calles Urquiza, Luis Borja Díaz y Miguel Ortiz de la ciudad de Salta, además de elementos reunidos por un agente revelador, permitieron determinar que los acusados tenían en su poder estupefacientes acondicionados para su venta directa al público. También fue secuestrado dinero en efectivo y el teléfono celular con el que coordinaban lugares y horarios de entrega.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad iniciaron con un informe de la División de Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad presentado ante la Procunar NOA, del que surgió que una mujer que pidió mantener el anonimato, se presentó en la Base de Drogas Peligrosas y refirió que notó actitudes cambiantes en un familiar menor de edad. Al joven de 16 años, le halló en su habitación un frasco con una especie de planta, papel para armar cigarrillos, bolsas pequeñas con polvo blanco y una bolsa plástica con una lámina con dibujos, a la cual le faltaban varios segmentos.

En la app “Telegram” del celular del joven, la mujer encontró mensajes de personas que ofrecían estupefacientes y entonces, advirtió el parecido con las sustancias halladas en el cuarto del menor. El grupo se llamaba “Química” y estaba integrado por unos seis mil participantes. Uno de ellos era el que agregaba al grupo a quienes querían ingresar, por lo que aportó su número telefónico.

El titular de la Procunar NOA solicitó la autorización al Juzgado Federal de Garantías para la intervención de un agente revelador y su incorporación en el grupo de Telegram.

Tras advertir que se trataba de una cuestión de microtráfico de estupefacientes, el titular de la Procunar NOA pidió la incompetencia y las actuaciones se remitieron al MPF provincial.

El pasado 3 de septiembre, Germán Nicolás Delgadillo fue interceptado por personal policial en calle Lerma, luego de intentar escapar. En la base de Drogas Peligrosas, se le secuestró un teléfono celular, ocho papeles glasé, 16 bolsitas de polietileno vacías, dos billetes de $500 utilizados por el agente revelador, un envoltorio de papel glasé con 217 troqueles de LSD, un envoltorio de papel con cocaína y una caja de cigarrillos con cuatro bolsitas con marihuana.

El mismo día, durante el allanamiento al domicilio de calle Urquiza, se secuestraron tres envoltorios, una bolsa y un frasco con marihuana con un total de 73,82 gramos; tres balanzas y un frasco con 62 semillas.

En el domicilio de Barrio Autódromo, fueron secuestrados dos goteros de plástico, tres frascos de vidrio con sustancia aceitosa, tres bidones de plástico con sustancia líquida, cuatro frascos de plástico con sustancia granulada blanquecina, una balanza, un rollo de plástico de polietileno; marihuana en una bolsa de nylon negra, 74 bolsas tipo Ziploc y 650 troqueles de LSD dentro de un cuaderno. El narcotest también dio positivo para anfetaminas y el procedimiento culminó con la detención de Delgadillo.

El sábado 11 de septiembre, el agente revelador envió un mensaje para realizar una compra simulada y acordó como lugar de encuentro una estación de servicio, ubicada sobre avenida Bolivia. El personal policial autorizado llegó en un vehículo particular, se encontró con Melani Giselle Alfaro, quien entregó tres envoltorios de papel glasé con un troquel cada uno y recibió $ 1500 con número de serie marcados.

Concluida la venta simulada, Alfaro fue a su vehículo Fiat Spazio, estacionado en 20 de Febrero y Miguel Ortiz, donde fue interceptada por la comisión policial e intentó escapar. Allí, se le secuestró un celular y la suma de $8690, además de los y $1500 utilizados en la compra simulada, una bolsita con 6 troqueles de LSD y un envoltorio con marihuana. Al día siguiente fue allanado el domicilio de calle Luis Borja Díaz, sin que surgieran elementos de interés para la investigación.

Por último, este domingo 12 también fue allanado el domicilio de calle Miguel Ortiz, donde fue detenida Sofía Candela Muñoz, tras el secuestro de un arma de fuego tipo pistola sin número de serie ni municiones.

La progenitora de la menor fallecida en junio de este año será imputada por homicidio calificado por el vínculo. La pequeña estaba judicializada y nadie veló por su bienestar.

Imputan por homicidio calificado por el vínculo a la mamá de una nena de 2 años que el 22 de junio pasado murió en el barrio Provipoen la capital salteña. La mujer llegó al centro de salud con la pequeña en sus brazos y dijo que se había ahogado mientras comía. Sin embargo, los médicos que la atendieron constataron que la pequeña llevaba varias horas muerta.

La fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien está a cargo del caso, dio estremecedores detalles sobre el deceso. “La autopsia reveló que la menor presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación importantes, y que tenía 33 lesiones en su cuerpo”, reveló la fiscal en una entrevista con el periodista Ángel Mansilla de Central Policial (CNN Salta). 

Simesen de Bielke también detalló que se pudo comprobar que la nena estuvo dos días, sola y encerrada dentro de una habitación, sin asistencia de ninguna persona adulta. “Por todos estos motivos decidí cambiar la imputación de abandono de persona a homicidio calificado por el vínculo”, recalcó. 

Por otro lado, la fiscal contó que cuando la nena nació, su mamá dijo que no podía hacerse cargo de ella, entonces quedó al cuidado de su abuela paterna hasta que cumplió el año. “Cuando la Justicia se la entrega a su mamá comienza un peregrinaje que concluyó en su muerte. La menor ni siquiera tenía DNI”, detalló. “Vimos fotos de cuando la nena vivía con su abuela, y de cuando estuvo con su mamá. Realmente era otra persona”, agregó. 

Una menor que fue saludable mientras vivió con su abuela, y que luego quedó en manos de su mamá por disposición de la Justica. Sin embargo, ningún organismo público controló que la pequeña este bien. “Nadie veló por ella”, sentenció Simesen de Bielke, quien además contó que el médico que la atendió en el centro de salud vio las lesiones que tenía en el cuerpo, y que los vecinos de la imputada también advirtieron sobre el estado de abandono de la víctima. 

“Los organismos públicos que deben ocuparse de los menores, se la entregaron a la madre que había dicho que no podía cuidarla, y nadie la controló. No fue un abandono, sino un homicidio”, finalizó. FUENTE: SALTA POLICIALES

Bajo la dirección del fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, los investigadores del CIF, llevaron adelante este martes un allanamiento en una oficina ubicada en el centro de la capital salteña. Fue detenida una mujer, que será imputada en las próximas horas. Se sumarán otras detenciones.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal iniciaron tras numerosas denuncias referidas al accionar de bandas delictivas que operan en la provincia de Salta y que utilizaban como fachada, supuestas financieras que ofrecían la fácil adquisición de automóviles y otros bienes, a partir de un plan de “Autoahorro”.

El modus operandi detectado era el de cobrar cuotas pactadas, pero sin concretar la entrega de los vehículos. De esa forma, lograban hacerse de una gran cantidad de dinero abonado por los clientes, para luego cambiar las denominaciones de las empresas a través de las cuales cometían las estafas.

Durante el procedimiento fueron secuestradas tres CPU, sellos, talonarios de facturas de cinco supuestas empresas, además de documentación vinculada con clientes y posibles víctimas, entre otros elementos de interés para la causa.

El allanamiento solicitado por el fiscal Ramos Ossorio fue autorizado por el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien también hizo lugar al pedido del MPF y ordenó la detención de una mujer mayor de edad, quien será imputada en las próximas horas por la comisión de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita. Habrá nuevas detenciones.

Un joven de 28 años confesó haber degolló a su padre como ofrenda a “San la Muerte”, en el interior de su vivienda situada en el complejo Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”, de la localidad bonaerense de Ciudadela.

El crimen se produjo en las últimas horas en un departamento, de esa localidad del partido de Tres de Febrero, según fuentes policiales.

En la vivienda los efectivos hallaron el cuerpo de Carlos Alberto Duarte, de 50 años, luego de recibir un llamado al teléfono de emergencia 911; allí constataron que la víctima tenía una herida cortante profunda en su cuello, mientras que se secuestró un cuchillo del tipo “tumbero” que habría sido el arma homicida.

Poco después y en base al testimonio aportado por vecinos, se sindicó como autor del crimen al hijo de la víctima, quien fue detenido por efectivos de la comisaría de Ciudadela Norte acusado preventivamente de “homicidio”. Al momento de ser detenido, el joven dijo a los uniformados: “Tuve que matar a mi papá como ofrenda a San La Muerte para estar libre”.

Los acusados tenían la intención de comercializar el estupefaciente entre vendedores locales, pero una atinada intervención de la Delegación local de Policía Federal frustró la operación.

Los tres individuos, entre ellos una mujer, quedaron imputados el jueves pasado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La acusación, requerida por el fiscal general Eduardo José Villalba de la Unidad Fiscal Salta, fue formalizada por el Juzgado Federal de Garantías N°2.

En el primer tramo de la audiencia, la jueza federal subrogante Mariela Giménez identificó a los tres acusados. Se trata de Leandro García, Franco Iván Martín y Dalila Estefanía Yurkstas, todos procedentes de la ciudad de Orán, en el norte de la provincia.

Posteriormente, la auxiliar fiscal Roxana Gual, por la acusación, presentó el caso, enumeró las pruebas reunidas en las actuaciones y, en materia de medidas de coerción, solicitó la prisión preventiva de los acusados.

Sobre el hecho, sostuvo que todo se inició el 25 de agosto pasado a partir de una denuncia anónima realizada vía telefónica a la Delegación local de la Policía Federal, a la que se alertó sobre la presencia de personas que tenían previsto realizar una operación vinculada a drogas.

La misma estaba planificada en inmediaciones del Teleférico Salta, ubicado en el Parque San Martín, a minutos del casco céntrico y a metros de la terminal de ómnibus local. Además del probable lugar de la operación, el denunciante aportó la descripción fisonómica de uno de los implicados.

A partir de esta información, y con intervención de la fiscalía, es que efectivos de esa fuerza llevaron adelante una vigilancia discreta en el lugar, donde efectivamente apareció en escena uno de los acusados (García), quien caminaba de un lado a otro, al parecer, a la espera de encontrarse con otra persona, circunstancias en que se acercó a uno de los policías y lo interrogó si lo estaba esperando.

Detenidos

Posteriormente, hizo lo mismo con otros transeúntes hasta que finalmente se acercó a un cómplice (Martín), quien había llegado a la escena con una mochila.

Ante ello -narró la auxiliar fiscal- es que los policías decidieron entrar en acción y se acercaron a los dos acusados, identificándose como personal de la fuerza, momento en que intentaron darse a la fuga, pero fueron inmediatamente reducidos.

Al revisar la mochila, en presencia de testigos civiles, se encontró una suma de 185 mil pesos y 489 gramos de marihuana. Asimismo, se pudo establecer que los acusados estaban alojados en un hotel ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen, a metros del Teleférico.

En vista de ello, la fiscalía solicitó las medidas de allanamiento en la habitación que ocupaban los acusados, oportunidad en que se encontró otros cinco paquetes con marihuana, elementos de corte y la suma de 141.800 mil pesos, entre otros elementos de interés para el caso.

Durante la diligencia, se pudo establecer que había otra cómplice, Yurkstas, quien se hospedaban en una pieza contigua. La misma fue detenida cuando intentaba retirarse del hotel. Al allanar su habitación, se secuestró más droga, una balanza y 27.500 pesos.

Reventa

En total, se secuestró en poder de los acusados un total de 7 kilos y medio de marihuana y 1 kilo 800 gramos de cocaína. “La tenencia de esta droga en poder de los acusados tenía como único fin la comercialización entre vendedores locales”, sostuvo la auxiliar fiscal al referirse a la calificación penal del caso.

Calificó el hecho como grave, pues la droga incautada representa un importante daño a la salud pública que los imputados pretendían causar con su accionar, por lo que, en materia de medidas de coerción, solicitó la prisión preventiva.

Fundó el pedido en el riesgo de fuga latente, pues los tres acusados intentaron escapar. También se refirió a la naturaleza del hecho, el entorpecimiento de la investigación y la pena en expectativa que podría recaer en los acusados, la cual, dada las características del caso, no sería de ejecución condicional.

La defensa de Yurkstas, en tanto, solicitó que dicha medida sea morigerada por el arresto domiciliario para su defendida, ya que la misma posee dos hijos menores de 2 y 3 años, a la vez que mencionaron pruebas de arraigo a favor de la misma.

El fiscal Villalba accedió al pedido debido a que, en estos casos, se impone el interés superior del niño. Asimismo, y como medida de prevención, solicitó a la jueza que disponga la intervención del Asesor de Menores e Incapaces a fin de garantizar el estado de los niños.

Respecto a Martin y García, en tanto, mantuvo la prisión preventiva, planteo que fue aceptado por la jueza, quien coincidió con los argumentos de la fiscalía, tanto respecto a la imputación penal del caso como al planteo de las medidas de coerción.

En vista de ello, dio por formalizada la imputación, ordenó la prisión preventiva de Martín y García, dispuso la intervención de la Asesoría de Menores respecto a la situación de Yurkstas y autorizó el plazo de investigación de 45 días, como así también las pericias pendientes a los teléfonos celulares.

El femicida identificado como Deivy Paco Herrera de 36 años de edad fue encontrado muerto en una habitación que alquilaba en el inquilinato de Mariela Gonza, una de las mujeres del círculo íntimo del Intendente Issa. El hombre estaba siendo intensamente buscado con pedido de captura internacional por el asesinato de su ex pareja sucedido en Cochabamba el mes pasado.

Según pudo conocer InfoSalta, el acusado había cruzado la frontera luego de cometer el crimen de odio contra su ex mujer. El argumento que dio para pasar a la Argentina es “que visitaría a familiares”, y a llegar al país el día 19 de agosto se hospedó en el alojamiento de Gonza a las 21 horas aproximadamente.

Al día siguiente Deivy fue hallado sin vida, según fuentes consultadas “notaron que no salía de su habitación y, al registrar el dormitorio, encontraron su cuerpo atado del cuello en las rejas de una de las ventanas”. Según fuentes consultadas, Gonza habría tomado conocimiento de la muerte y llamó a la policía y habría solicitado “que no se sepa públicamente sobre el fatídico hecho”. Además, se supo por la Policía, que el acusado creó una cuenta de Facebook con un perfil falso, donde se habría comunicado con familiares y amigos para confesar el femicidio y despedirse. 

El femicidio

Herrera era buscado por el asesinato de su ex pareja perpetrado en Cochabamba el mes pasado. La víctima era una joven de 23 años, cuyo cadáver fue encontrado el 18 de julio en el municipio de Quillacollo, en el camino a la represa de Misicuni. Según la autopsia, su causa de la muerte fue anoxia, compresión cervical externa y asfixia por estrangulamiento a lazo.

En las investigaciones, la Policía boliviana identificó como autor del terrible crimen a Deivy Paco Herrera.

Estaba integrada por ocho personas y tenía como modalidad la obtención de droga, procedente de Bolivia, para su posterior traslado y comercialización en numerosas bocas de expendio de esta ciudad.

El accionar de una peligrosa organización narcocriminal fue desarticulada el miércoles pasado, cuando personal policial de las unidades GOC NOA y UFINAR llevaron adelante diversos allanamientos, tanto en esta ciudad como en el norte de la provincia a raíz de una investigación iniciada el 21 de abril pasado.

Las fuerzas intervinientes actuaron a partir de un trabajo conjunto de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, dependiente de la justicia provincial.

Ello, en el marco de Cooperación contemplado en el Código Procesal Penal Federal y promovido por la Procuración General de la Nación en la lucha contra el narcotráfico, tarea que, a propósito, ya es costumbre entre los fiscales federales y provinciales en Salta.

En este caso, se pudo desarticular una organización que era liderada nada menos que por Fernando Motok, quien logró evadir los procedimientos ordenados para su captura, por lo que se dispuso el pedido de captura del caso.

El “Clan Motok”, cabe mencionar, tuvo participación en el envío de grandes cantidades de drogas al sur del país. En este caso, Fernando, operaba junto a siete personas implicadas, las cuales fueron detenidas e imputadas ayer en una audiencia ante el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo de la jueza subrogante Mariela Giménez.

El fiscal general Eduardo José Villalba condujo la acusación, la cual fue presentada en primer lugar por el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, quien explicó ante la jueza cómo se inició y desarrolló la investigación que derivó en una serie de procedimiento concretados el miércoles pasado.

Viltes Monier resaltó la tarea conjunta con la fiscalía de la UFINAR, la que se inició en abril pasado a partir de datos que esa unidad poseía respecto a la sospecha de que Motok y otro cómplice transportaban y comercializaban drogas desde el norte provincial.

Roles

Al seguir estas pistas, se pudo establecer que efectivamente Motok junto a su pareja Yanina Ordoñez, Andrés Cuevas, Ricardo Robles, Javier Martínez, Selena Salas, Carlos Lazarte y José Ramón Lozano conformaban una organización narcocriminal.

Los acusados tenían como modalidad la obtención de cocaína, procedente de Bolivia, la cual era acopiada en la localidad de Salvador Mazza, para su posterior traslado a esta capital, donde Motok había articulado la comercialización del estupefaciente con vendedores locales.

Con la ayuda de una presentación digital, en una audiencia coordinada por la Oficina Judicial Salta, el auxiliar fiscal explicó en detalle el rol de cada uno de los acusados, las pruebas reunidas y la calificación penal correspondiente.

Indicó que, tanto Motok como Ordoñez, Salas y Cuevas era los encargados de realizar distintas maniobras para el ingreso de la droga, su acopio y acondicionamiento para el traslado, tarea que cumplía Robles, conocido por su oficio de fletero en esa localidad.

Una vez que la droga llegaba a esta ciudad, Lozano, Martínez y Lazarte eran los encargados de llevar adelante la distribución según las órdenes de Motok, ya sea de manera directa o mediante Ordoñez, o bien, Salas, quien también tenía contacto frecuente con el líder de la organización.

Los roles y la participación de cada uno de los acusados, en tanto, fue prolijamente fundamentada por Viltes Monier, quien enumeró diversas medidas probatorias, provenientes de tareas de campo, como vigilancias y seguimientos, al igual que el resultado de interceptaciones telefónicas.

Estas pruebas, cabe resaltar, fueron categóricas para identificar y asignar los roles que tenían los acusados dentro de la organización, la cual fue desarticulada el miércoles pasado, cuando llevaban adelante una entrega importante de estupefacientes.

Detenciones

Al respecto, se dispusieron distintos procedimientos, tanto allanamientos como la interceptación de un vehículo que transportaba la droga. En ese marco, agregó, el miércoles a las 11.30 en la esquina de la avenida Reyes Católicos y Aniceto Latorre, fue capturado Salas y Robles, quienes llevaban consigo 4 kilos 495 gramos de cocaína en un vehículo VW Suran.

Ese mismo día, horas más tarde, se allanó una vivienda donde residía Salas, en Villa Belgrano, donde se secuestró 454 gramos de cocaína. En la casa de Lozano, en barrio Castañares, en tanto, se incautó 14 gramos de marihuana y la suma de 174 mil pesos, dinero producto de la comercialización de la droga.

En barrio Tres Cerritos, en una vivienda donde vivía Lazarte, se secuestró 575 gramos de cocaína, balanzas grameras y ocho teléfonos celulares. Resultado similar se obtuvo al allanar la casa de Martínez, en el barrio Arenales, donde hallaron 399 gramos de la misma sustancia y más de 27 mil pesos.

En vista de ello, se formalizó la imputación contra Salas, Robles, Cuevas, Ordoñez y Lozano por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores y en relación a la carga de 4,495 kilogramos de cocaína. Además, se acusó a Salas, Lozano, Lazarte y Martínez de tenencia de droga con fines de comercialización, en carácter de autores.

Atento a la gravedad del hecho, Vilstes Monier solicitó la prisión preventiva de seis de los acusados, con excepción de Ordoñez, para quien se requirió el arresto domiciliario en función de que la misma tiene tres hijos menores, que requieren el cuidado de la misma.

Tras las rejas

Al respecto, el fiscal Villalba dejó en claro que la fiscalía priorizaba en su caso el Derecho del Niño. Respecto a los otros imputados, en tanto, ratificó el pedido de prisión preventiva, el cual fue cuestionado por las defensas de Salas, Robles y Cuevas.

En los tres casos, sus respectivas defensas plantearon como medida alternativa el arresto domiciliario y minimizaron el riesgo de fuga, como así también la gravedad del hecho, el cual, por cierto, no fue controvertido por las defensas.

Frente a ello, Villalba solicitó el rechazo de los planteos, ya que el caso reúne pruebas contundentes contra todos los acusados y descartó la posibilidad de aplicar una medida menos gravosa, pues los acusados residen en una zona cercana a la frontera y dos de ellos poseen entradas y salidas frecuentes hacia Bolivia, por lo que el riesgo de fuga es latente.

Reconoció, en el caso de Robles, las alegaciones respecto a los problemas de salud de un hijo menor, pero resaltó que el niño, según la prueba presentada por su defensa, tiene contención familiar y sustento económico, por lo que mantuvo el pedido de prisión preventiva.

La jueza Giménez, al resolver, coincidió con los alegado por la fiscalía, dio por formalizada la imputación penal e hizo lugar a la prisión preventiva, al igual que autorizó las pericias pendientes y fijó el plazo de investigación en 90 días, como lo requirió la acusación.

El adolescente quedó imputado el pasado viernes 13 por el aberrante hecho que habría ocurrido en el predio del Balneario Municipal ubicado al Norte de esa ciudad.

Agustín Pinto, defensor de Damián Vidal, único detenido y acusado por “abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 15 años” dialogó con InfoSalta y sostuvo que “el joven es inocente”, además aportó fotos, nombres de testigos que estuvieron con el imputado el día y la hora del hecho festejando la graduación de una amiga: “a él lo acusan del hecho que es de público y notorio conocimiento, pero en ese horario, el chico estuvo en la fiesta de una amiga, hay más de 8 testigos que ya fueron a declarar y aportaron sus celulares con las fotos e historias de Instagram como prueba”. En la denuncia de la madre de la víctima asegura que el abuso ocurrió el 05 de agosto entre las 17 y 18 horas aproximadamente, resulta que a esa hora, según registro fílmico el acusado estaba en la fiesta.

Pinto relata que “la Fiscalía N°2, está cometiendo una infamia en contra del joven”, y agrega: “la condena social es lo peor que puede existir”. Otro de los datos que aporta el abogado es el decreto de imputación que a las claras evidencia un accionar un tanto llamativo por parte del cuerpo investigativo: “parece ser que necesitaban un culpable y Damián por tener una cruz tatuada en el dedo y por un ‘dicho de alguien que dijo que le dijeron’, quedó detenido violando así todos sus derechos”.

Otro dato que indicaría la inocencia de Vidal es que un tío de la víctima habría señalado a alguien que trabajaba en un negocio del barrio donde ocurrió el abuso, pero este chico por declaraciones y papeles presentados por la dueña del local comercial, comenzó a trabajar el día 07 de agosto. El crimen contra la integridad sexual de la menor fue el día cinco. “Voy haciendo tres pedidos al Juzgado de Garantías del Juez Mario Teseyra y todos fueron rechazados sin fundamentos, él se basa en la escala penal”, dijo el joven letrado.

También aseguró que previo a la imputación la defensa había presentado las cámaras, declaraciones y las fotos de como estaba vestido Vidal, “no coinciden las prendas, de haber sido quien abusó a la menor, el acusado tendría que haber ido a su casa y vestirse de la forma que la menor describe a sus atacantes, buscar un auto (porque él no tiene vehículo ni ninguno de sus allegados poseen un auto con similares características al denunciado por la víctima), además la joven declaró que quien la atacó fue un hombre morocho, alto, pero Damián es blanco, rubio y no es delgado, aquí lo preocupante además es que hay un abusador libre mientras un inocente está privado de su libertad y acusado de abusador”, culminó Pinto.

#DamiánEsInocente

Convencidos en la inocencia de Damián Vidal, jóvenes de la localidad del sur de Salta comenzaron una movida en las redes sociales pidiendo la inmediata libertad del adolescente, hasta chicas militantas feministas se sumaron posteando el hashtag y resaltando que aún hay un violador suelto en Metán capáz de secuestrar a plena luz del día y seguir impune.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Ignacio Demitrópulos, como autor del delito de homicidio culposo en siniestro vial agravado por el número de víctimas (dos) en concurso ideal con lesiones culposas graves en siniestro vial.

El hijo del funcionario de la primera línea del Saencismo, Nicolás Demitrópulos fue imputado por el homicidio culposo de dos menores de edad y las lesiones de una tercera adolescente de 13 años que tuvieron que amputarle una pierna. Su acompañante, será acusado cuando reciba el alta médica. Desde la Fiscalía se trabaja en el análisis de las distintas medidas probatorias producidas para lograr esclarecer la mecánica del siniestro.

Por el hecho, su acompañante, otro joven de 18 años, será imputado cuando reciba el alta médica, en calidad de coautor.

En la acusación, el fiscal Flores sostiene que ambos jóvenes, uno como conductor y el otro como acompañante, circulaban a gran velocidad y por razones que se investigan, perdieron el control en forma conjunta del vehículo, provocando que este volcara y como resultado, dos menores de edad, identificadas como Paula Cadillo y Luján Aguirre de 16 años cada una, perdieron la vida por politraumatismos graves y una tercera, identificada como Antonella Cadillo de 13 años, resultó lesionada de gravedad.

El fiscal Flores explicó que espera el resultado de las distintas pericias y medidas solicitadas, las que le permitirán establecer la mecánica del siniestro.