Bajo el argumento de que “no tienen incapacidad laboral”, la Agencia Nacional de Discapacidad dará de baja las pensiones a los menores. Así lo informa una investigación del portal Nuevas Voces que dirige la periodista y diputada nacional, Gabriela Cerruti.
Sin suerte con el primer recorte de más de 170 mil personas beneficiarias de pensiones de invalidez, rechazado por la Justicia, ahora el Gobierno ordenó excluir a los menores de edad de ese beneficio.
También endurecieron los requisitos para personas con cáncer, síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras. Al menos veinte mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en estos meses, volverán a ser revisadas bajo estos nuevos criterios, según establecieron las flamantes autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependientes de Presidencia.
Así lo informa hoy el diario Página 12, basándose en la investigación del portal Nuestras Voces, que dirige la diputada nacional por el FPV y periodista Gabriela Cerrutti, portal que extrañamente entró fuera de servicio a las pocas horas de que fuera publicada la noticia.
El ajuste sobre los más chicos se ejecutó el 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Allí se detalló que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores analicen nuevamente cada caso. Según publicó el portal Nuestras Voces, desde la Agencia admitieron que esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.
En el documento revelado por el portal de noticias también se detallan nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista. En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.
Fuente: El Tribuno