*Por: Teresita Frias para La Otra Voz Digital
La violencia que ejerció Rafael Domingo (empresario vitivinícola y dueño de las conocidas bodegas Domingo Hnos.) contra su ex mujer y uno de sus hijos, es un capítulo más de la violencia que viven las mujeres y disidencias en la provincia de Salta. En este caso se refleja además una porción de mujeres silenciadas por el poder y el círculo social al que pertenecen.
Se conoció por estas horas un video del bodeguero que amenazó de muerte a su ex esposa prendiendo el gas en la entrada de la vivienda, luego que la Justicia dispusiera “que se aparte de su casa para que vivan en la vivienda familiar su ex esposa y sus hijos”. El violento empresario, fue captado por las imágenes que una de las víctimas atinó a grabar, cuando abre el gas y amenaza con hacer explotar todo. Un testigo del hecho, fue su pequeño su hijo de tres años.
La Otra Voz digital dialogó con una activista feminista cafayateña-cuyo nombre se reserva por razones de seguridad- quien resaltó que las instituciones que deberían bregar por el cuidado de las víctimas son cómplices “la policía y la jueza María Virginia Toranzos no están capacitadas y al tratarse de un pueblo tan chico donde nos conocemos todxs queda en evidencia el cuidado al violento”.
Y agrego: “la jueza vive acá y al conocer hasta los abogados que defienden violentos, como es el caso del funcionario municipal Ortega, quien también está denunciado por violentar a su ex mujer, actúa a favor de los acusados”. En el caso de este funcionario decidimos denunciar públicamente a la Jueza Toranzos por su mal desempeño, ella mandó a la víctima a “tratarse”, tuvimos que exponer el test de Rorschach, la pericia fue elevada por el Hospital Ragone, donde evidencia que “la víctima no sólo padece los maltratos de su ex pareja sino también de la familia de éste”.
Además, el informe establece que todo esto se ve reforzado por un proceso judicial que no resguarda a la sra. […], sino que además, la vulnera a ella y a su hijo (se interrumpió el contacto con sus hijos, se le impide el amamantamiento y una adecuada alimentación de su hijo). “Es claro como la jueza está vulnerando los derechos de la victima”, indica la militanta feminista.
En el caso de la ex esposa del empresario Domingo, la militanta señalo que “es una situación similar” donde además la víctima es violentada por la jueza Toranzos “le da la espalda a las víctimas”, cabe mencionar que la agrupación Mujeres en Lucha están conteniendo a la ex mujer de Domingo.
“Las feministas de Cafayate estamos visibilizando las constantes violencias institucionales, luchamos por las mujeres que no pueden hacerlo, si ya es difícil que cuenten que sufren violencia, cuánto más, que hablen de la violencia que sufren desde la institución”.
“Estamos exigiendo la inmediata aplicación de la Ley Micaela en Cafayate, el despido definitivo de lxs funcionarixs y que las autoridades no den cabida a su reincorporación en cualquier cargo público/político. Que se abra la investigación a todos lxs funcionarixs municipales, la apertura de la Secretaría de la Mujer en Cafayate, que haya más recursos, acompañamiento, contención y ayuda profesional para las víctimas”.
La violencia institucional contra las mujeres y disidencias en la provincia de Salta, fue creciendo de manera preocupante. Cafayate es uno de los municipios en el cual, desde 2018 , desde los distintos estamentos de poder, se profundizó la protección de estas conductas patriarcales, en los ámbitos donde se supone que deben cuidar a las mujeres, mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias.
Otra de los puntos a destacar, es que si bien la violencia de género e institucional la sufren mujeres de sectores vulnerados, pobres, originarias, el caso del empresario Rafael Domingo y de lxs funcionarixs, evidencian que estas situaciones son transversales ya que atraviesan diferentes ámbitos de la vida de todas las personas, inclusive a las clases media alta y alta, donde estas cuestiones suelen mantenerse en reserva por una cuestión de imagen ante la sociedad.
Aplicar la interseccionalidad con perspectiva de género en estos casos, permite a las mujeres feministas, visualizar el problema, desde el espacio de subordinación en que la cultura construyó a las mujeres y señalar e identificar a los agresores, quienes permanecen invisibilizados en el historial de la violencia machista e intrafamiliar. Funcionarixs de los tres poderes del Estado y fuerzas de seguridad, debieran tomar el ejemplo.
