Autora: Lorena López
Tras celebrarse la audiencia pautada para el viernes pasado en el Juzgado de Familia Nº 2 de Orán por las denuncias por mal trato infantil, a la/s responsable/s de dos hogares de menores en la ciudad del norte.
Una de las medidas más urgentes tomada por la jueza Ana María Carriquiry será el apartamiento de la/s misma/s, luego de ser señaladas por los propios menores, como responsables de una serie de vejámenes que, además, habrían sido denunciados con anterioridad y que dio a conocer en exclusiva Nuevo Diario. Se aguarda además la respuesta y disposiciones por parte de la Secretaría de Niñez y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Así y en el marco de las denuncias por maltrato en los hogares de niños de la ciudad de Orán, Ana María Carriquiry dialogó y confirmó a Radio A de la mencionada ciudad del norte, que una de las primeras medidas que se tomarán, será separar a todo el personal que esté involucrado.
“Las denuncias son contras las personas que están a cargo de cuidar a los niños, contra operadores, es decir, contra el sistema. No pueden continuar todos en el mismo lugar. Estoy bregando por eso”, explicó.
Si bien las denuncias comenzaron a realizarse durante los últimos días, la funcionaria del poder judicial advirtió que la situación en los hogares ya viene siendo expuesta desde el mes de agosto.
“El silencio es el peor de los cómplices. Venimos peleando el tema. Tengo 47 fojas en las que hago reclamos de esta situación, no es de hoy solamente”, agregó.
En relación al argumento de que “los chicos mienten”, la jueza manifestó que decir eso “es lo más fácil y cómodo y hasta me lo han dicho en un informe. Tenemos que ser más maduros los adultos, abrir la cabeza porque los niños tienen naturalizada esta vida”.
Al ser consultada sobre si algo de los que declararon los menores se pudo comprobar, contestó: “hay mucha documentación”.
Subrayó de esta manera que la función primordial es velar por los menores. “Es más fácil construir un niño feliz que reparar un adulto roto”, destacó.
Cabe recordar que de la audiencia del viernes participaron, la Secretaría de Derechos Humanos de Salta capital; Derechos Humanos de la corte de Justicia de Salta; Secretaría de la Niñez y la Familia; Comité contra la tortura y malos tratos; Asesores de menores (Orán) 1 y 2 y la Delegada en Orán de la secretaría de la niñez. Asimismo, fuentes reservadas relataron a Nuevo Diario, que en el marco de la jornada en la que se celebró la audiencia, reinaba el temor, en los propios chicos y chicas que denunciaron, como también en las operadoras que acompañaron las denuncias, con gran incertidumbre sobre la continuidad en sus trabajos. También indicaron que se presentaron más testimonios de vecinos y vecinas, reafirmando las terribles situaciones de malos tratos y privaciones, a que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes de los hogares Don Bosco y Mi pequeño Hogar, ambos dependientes de la Secretaría de Niñez y Familia.
Se conoció que además del alejamiento de Elisa Quintero, quien era responsable de ambos dispositivos, se interpuso una consigna policial en los dos hogares mientras avanza la investigación: “ahora que la justicia procedió, les toca a los políticos tomar la decisión y al poder ejecutivo, que debe abandonar de una vez los amiguismos y condenar estos hechos”, manifestaron con indignación, las citadas fuentes a este medio.
Y es que los testimonios dentro y fuera del hogar fueron contundentes en cuanto a las vulneraciones a la que fueron sometidos los chicos, desde la falta de alimentación, hasta los insumos mínimos de higiene, vestimenta, falta de atención en salud, sumados a los malos tratos permanentes por parte de la denunciada.