El caso se compone de tres episodios principales de abuso sexual.
David Adrián Martínez, conocido como El Dipy, ex candidato a intendente de La Matanza por el partido La Libertad Avanza (LLA) y cantante de cumbia, enfrenta una denuncia por abuso sexual y extorsión presentada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires.
La denunciante, identificada como M.C.A.M., relató ante la justicia una serie de presuntos hechos de abuso ocurridos entre octubre de 2023 y mayo de este año, aportando pruebas como mensajes de texto y audios que están siendo peritados.
Según la denuncia, el primero habría tenido lugar en marzo de 2024, cuando Martínez, bajo el pretexto de ofrecer un empleo, habría citado a la denunciante a su departamento, donde presuntamente la encerró y la agredió físicamente antes de forzarla a mantener relaciones sexuales.
Hechos similares habrían ocurrido en abril y mayo del mismo año, siguiendo un patrón de manipulación y coerción que, según el testimonio, incluyó falsas promesas laborales y presión psicológica.
La relación entre Martínez y la denunciante habría comenzado en octubre de 2023 a través de redes sociales.
Según el relato, la primera reunión presencial tuvo lugar en un bar de San Martín, donde el acusado trabajaba como DJ.
Esa noche, la denunciante afirmó sentirse inusualmente mareada tras consumir bebidas, lo que derivó en un encuentro posterior en el departamento del músico.
Aunque inicialmente creyó que el acto sexual fue consentido, con el tiempo empezó a cuestionar lo sucedido debido a su estado de vulnerabilidad.
El impacto del caso trasciende el ámbito judicial. Por la asociación de El Dipy con el partido de Javier Milei, las denuncias han generado una fuerte reacción política y mediática.
Aunque desde La Libertad Avanza no han emitido declaraciones oficiales, el escándalo ya ha provocado debates sobre la responsabilidad ética de los dirigentes políticos al seleccionar a sus candidatos.
La investigación continúa, y la justicia trabaja en el análisis de las pruebas presentadas, incluyendo los dispositivos electrónicos de la denunciante.