El caso que InfoSalta ha seguido de cerca durante un año sigue destapando una red de trata de personas, abusos, esclavitud laboral y acoso sexual que no fue denunciado ante la justicia por temor.
Los testimonios de las víctimas, en su mayoría salteños, pintan un panorama aterrador desde retención de DNI, maltratos psicológicos y un ambiente de trabajo degradante que, según las denuncias, se perpetuó bajo el mando de Carlos Díaz Chilo un contratista originario de Rosario de Lerma, actualmente detenido, con el aval de Pablo Pellegrino, empresario hotelero del Valle de Lerma.
La jueza Sandra Arroyo Salgado lidera la causa, y los testigos piden a los medios de comunicación y a la justicia que protejan su identidad, temiendo por su seguridad.
De acuerdo con los informes judiciales, más de 150 personas pasaron por las instalaciones, trabajando en condiciones infrahumanas durante más de dos años.
La denuncia detalla un trato degradante: los trabajadores vivían en un campamento improvisado en medio de cocheras, sin acceso a baños adecuados ni alimentación decente, y muchos fueron víctimas de acoso por parte de Díaz Chilo.
Los trabajadores aseguran que el contratista no solo hacía comentarios insultantes, sino que se exhibía desnudo frente a las trabajadoras y las acosaba sexualmente. Es necesario destacar que los acosos sexuales no fueron denunciados ante la justicia.
Además, en declaraciones clave, una de las testigos protegidas, que ha aportado su testimonio a la causa, indicó que se les restringía la libertad incluso para comprar artículos de higiene personal, como toallas femeninas, y que se les mantenía bajo constante vigilancia.
“Nos decían ‘negros, nos trataban como si no fuéramos humanos. Nos quitaban los DNI, no podíamos salir ni a comprar comida, no nos daban desayuno“, relató una de las víctimas.
Y agregó: “hubo compañeros con salmonella por el estado en el que cocinaba el cocinero y tuvimos que salir a escondidas para llevarlo al hospital”.
Más alarmante aún es el hecho de que varios de los trabajadores señalaron que sus jefes hablaban abiertamente de “cargamentos” y “avionetas“, términos que los involucrados relacionan con el crimen organizado.
Las sospechas sobre un trasfondo más oscuro han comenzado a tomar fuerza, lo que hace que este caso podría ser solo la punta del iceberg de una red mucho más peligrosa.
Con la detención del contratista de Rosario de Lerma y otros cinco involucrados, entre ellos el ayudante, el arquitecto Walter Mosca (que sería pariente de un alto ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández) y Pablo Pellegrino, junto a otro de los inversores del proyecto, la investigación sigue en curso.
Este caso, que comenzó como una denuncia de explotación laboral, ha dado lugar a una investigación mucho más profunda, que involucra tanto a empresarios como a presuntos vínculos con el crimen organizado.