•Por: Teresita Frias
El conflicto abre interrogantes que van más allá de su caso: ¿qué pasó con los fondos públicos destinados a ampliar la Reserva Pizarro? ¿Por qué compraron todas las fincas alrededor, menos la suya? ¿Hubo manejos irregulares?
Santo Cuellar tiene 71 años y una vida entera sembrada en la finca donde hoy lo quieren desalojar. Allí nacieron sus hijos, allí enterraron a su padre. Allí crió animales, trabajó la tierra, y —como él dice— “hizo Patria”.
Pero ahora enfrenta una orden de desalojo por parte de Parques Nacionales que amenaza con arrancarlo de raíz, sin compensación, sin explicación y sin justicia.
Desde hace más de medio siglo vive con su familia en una finca enclavada dentro de lo que hoy es la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento Anta.
Cuellar denuncia que el Estado nacional —el mismo que en 2005 le reconoció por escrito su derecho como poseedor legítimo de esas tierras— hoy quiere sacarlo sin pagarle ni ofrecerle alternativas.
“No me pienso ir. Estoy en mi derecho. Vivo ahí hace 54 años y eso la ley lo reconoce. A mí me quieren correr como si fuera un intruso, pero soy un argentino con derechos y eso incluye el derecho a la propiedad”, indicó a InfoSalta, el adulto mayor.
No está solo. Vive allí junto a sus hijos y nietos. Su historia se entrelaza con la tierra, su padre nació en esa finca y murió a los 80 años sin haberse movido jamás del lugar.
En 2005, Cuellar firmó un acta con Parques Nacionales donde se lo reconocía como ocupante legítimo, con más de 30 años de posesión pacífica y productiva. También cuenta con un plano mensurado desde 2003. Todo legal. Todo documentado. Pero nunca le compraron la tierra.
Años más tarde, cuando intentó formalizar la venta para regularizar la situación, recibió la negativa de la Administración de Parques Nacionales, no había interés en comprar. Sin embargo, en 2016 le enviaron una carta donde sí le ofrecían pagarle un precio justo. Él respondió aceptando, pero todo quedó en silencio administrativo. Hasta ahora.
Hace unas semanas, desde Laguna Blanca (Formosa), un organismo dependiente de Parques Nacionales le envió un ultimátum: tenía 30 días para dejar el lugar. El intendente de la Reserva Pizarro, Ernesto Sucunza, le notificó que, “de no irse, intervendrían Gendarmería y Policía Federal”.
“Él me atendió muy bien -por Sucunza-, pero me dijo que iba a cumplir órdenes. Que es solo un empleado”, explicó Cuellar.
Le quedan apenas días. Ya hizo su descargo formal, pero no tiene certezas. Solo preocupación, y una pregunta que lo desvela: “¿Quién se quedó con la plata que estaba destinada para comprar mi propiedad?”
Santo también denuncia hechos de abuso de autoridad: en 2017, le decomisaron madera sin orden judicial. Apunta directamente contra los funcionarios Abraham Rojas y Soledad Rojas, quienes —según dice— están detrás del desalojo.
Y advierte algo más grave, intentaron incriminarlo en una causa armada. “Le ofrecieron una changa a mi hijo para cortar madera. Menos mal que no aceptó, porque al día siguiente apareció la Gendarmería. Era una trampa. Quieren hacerme pasar por usurpador. Pero yo nunca toqué nada que no fuera mío. Soy un tipo de bien”, afirma con la dignidad de quien no está dispuesto a rendirse.
La finca tiene casi 2.000 hectáreas. Muchas son productivas. “Mientras otros hicieron soja con subsidios, a mí me quieren echar con la pilcha al hombro”, lamenta.
Como último recurso, Cuellar le pide ayuda al presidente Javier Milei y al gobernador Gustavo Sáenz. “Esto no puede pasar en un país que grita ‘Viva la libertad’. Yo solo quiero trabajar, vivir en paz y seguir produciendo”.
Una vida de esfuerzo no debería terminar con una orden de desalojo por parte de un organismo nacional. La historia de Santo Cuellar es la historia de miles de familias rurales en la Argentina profunda, gente de trabajo, que hace patria en silencio y que hoy necesita ser escuchada.