Cristian Achaval, jefe de la UDAI ANSES en Metán, denunció penalmente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza, y al apoderado de Ahora Patria.
En la presentación judicial, el funcionario Metanense asegura que “fue presionado para realizar aportes económicos irregulares” y, además, denuncia que la legisladora nacional Emilia Orozco “le exigía información sensible del organismo nacional con fines partidarios”. La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Salta, que ya inició una averiguación preliminar.
La denuncia fue radicada el pasado viernes 13 de junio en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal. El caso se encuentra bajo análisis del fiscal penal interino Ramiro Ramos Ossorio, a cargo de la Fiscalía Penal N°2. El expediente apunta a determinar si existieron delitos de extorsión, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público.
Según consta en la denuncia, el detonante fue un audio filtrado de una conversación entre Cristian Achaval y Ricardo Ortega, apoderado del partido Ahora Patria, espacio aliado a La Libertad Avanza en Salta.
En ese diálogo, que se viralizó en redes sociales y fue reproducido por distintos medios, Ortega le exige a Achaval que entregue el 5% de su sueldo mensual como aporte económico para sostener los gastos de “la Casa de la Libertad”, sede partidaria ubicada en Salta Capital.
En la grabación, Ortega le explica a Achaval que “las chicas” —presuntamente otras empleadas del espacio— le envían recibos de sueldo para controlar los montos, y justifica el pedido diciendo que todos cobran “muy bien”
También asegura que anteriormente el aporte solicitado era del 10% y que él es quien “cobra todo”. En ese contexto, Ortega le da dos opciones a Achaval para entregar el dinero: llevarlo en mano a la oficina o transferirlo a una cuenta del partido Ahora Patria.
Durante el diálogo, también menciona que Gustavo Pantaleón, ex diputado provincial de La Caldera y referente libertario, había dejado de cumplir con los aportes y que por esa razón “lo renunciaron”.
Según Achaval, “la frase revela un mecanismo sistemático de recaudación coercitiva sobre los empleados vinculados al espacio”.
En otra parte de la denuncia, Achaval asegura que Emilia Orozco, diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, “lo presionaba de forma directa para que le proporcionara información clasificada del sistema ANSES, lo cual está expresamente prohibido por la normativa interna del organismo nacional”.
Achaval detalla que Orozco le pedía listados, datos personales y otras informaciones sensibles para “hacer política” con esos datos.
Asegura que se negó en reiteradas ocasiones, alegando que se trataba de datos protegidos por la ley.
“Me sentí hostigado y amenazado por Orozco. Me presionaba para compartir información de ANSES con fines partidarios y no lo permití. Esta situación me causó un gran perjuicio personal y profesional”, dice el escrito presentado ante la Justicia.
El funcionario también sostuvo que fue víctima de malos tratos por parte de la legisladora, y que el entorno partidario lo acosaba constantemente para cumplir con los pagos y colaborar políticamente.
En el mismo documento judicial, Achaval solicita medidas para que cesen las maniobras de presión por parte del entorno de La Libertad Avanza en Salta, y denuncia un esquema de financiamiento interno paralelo, incompatible con la transparencia que exige la ley.
El denunciante afirmó que estas prácticas son contrarias a los principios republicanos que el propio presidente Javier Milei asegura defender. “Los representantes de su espacio en Salta hacen lo contrario a lo que él predica”, declaró.
El Ministerio Público Fiscal ya emitió información oficial sobre la investigación hasta el momento no se informó si la causa será girada al fuero federal, ya que ANSES es un organismo nacional.
Por su parte, ninguno de los implicados respondió a las consultas de los medios. De hecho, la diputada libertaria al regreso de su viaje desde Dubai maltrató a un cronista del 10 TV que “lo mandó a comer”, olvidándose que ella es comunicadora e integra la Comisión de Libertad de Expresión.
Desde La Libertad Avanza en Salta se impuso un fuerte hermetismo sobre el tema. Según fuentes judiciales, la filtración del audio sería una de las principales pruebas aportadas por Achaval para respaldar su denuncia.
Mientras tanto, el impacto interno en el espacio político libertario en la provincia fue inmediato. Referentes como Gustavo Pantaleón se distanciaron del núcleo dirigente, y el caso encendió señales de alerta sobre las condiciones de trabajo y el uso de recursos personales de los empleados públicos con afiliación política.
La investigación recién comienza, pero el caso deja al descubierto las prácticas sensibles dentro de una fuerza política que llegó al poder con una promesa de “cortar con los privilegios de la casta y la transparencia”.
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