El Ministerio de Defensa oficializó ayer el inicio de la fase de ejecución de la Operación Presidente Julio Argentino Roca, un dispositivo militar que desplegará tropas y recursos tecnológicos en las zonas de seguridad limítrofes del norte argentino.
Con la Resolución 727/25, publicada en el Boletín Oficial, la cartera conducida por Luis Petri puso en marcha la militarización progresiva de las fronteras del NOA y NEA, con el objetivo de contrarrestar lo que definió como “agresiones de origen externo”, categoría que incluye terrorismo, narcotráfico y delitos asociados.
La operación comenzará en el norte salteño, en áreas sin pasos fronterizos habilitados, y se extenderá de manera gradual al resto de las provincias del Norte Grande. En la primera etapa, las acciones estarán focalizadas en una franja territorial considerada “zona de seguridad de frontera” en los departamentos de San Martín y Rivadavia, limítrofes con Bolivia y Paraguay.
Según la norma, el despliegue se articulará con las fuerzas de seguridad federales y provinciales bajo la conducción de un Comando Conjunto. También se implementará un sistema de registro de información para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, administrado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa.
La medida complementa el Plan Güemes, operativo que desde fines de 2024 refuerza la presencia de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval en el paso fronterizo de Aguas Blancas (Orán), sobre los ríos Bermejo y Grande de Tarija. Con la Operación Roca, se intensificarán los controles en zonas rurales y de difícil acceso del norte salteño.
Ayer, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Gaspar Solá Usandivaras, y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la Nación, Marcelo Rozas Garay, encabezaron una reunión en Salta para definir los mecanismos de coordinación. Rozas Garay adelantó que se trabajará con un “importante número de efectivos y recursos tecnológicos”.
La resolución destacó que el inicio del operativo cuenta con aval judicial en la jurisdicción federal de Salta y se enmarca en las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.
El Ministerio de Defensa fundamentó la decisión en la necesidad de “garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y la protección de la vida y la libertad de los habitantes”, según se establece en las reformas normativas que dieron sustento a la iniciativa.
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