El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, emitió un dictamen en el marco de la acción de reparación ambiental promovida por la Provincia, en relación con los presuntos daños ocasionados en el área hidrocarburífera “Puesto Guardián – Loma de Olmedo X-10”, ubicada en Pichanal, departamento Orán.
El expediente, caratulado “Provincia de Salta contra President Petroleum S.A.; E.P.P. Petróleo S.A.; Tripetrol Petroleum S.A.; Netherfield Corporation Sucursal Argentina; Petrolera San José S.R.L.; YPF S.A.”, se encuentra en trámite ante la Corte de Justicia.
En su dictamen, García Castiella sostuvo que todas las empresas concesionarias del área deben responder solidariamente por los daños ambientales, conforme a la Ley General del Ambiente N° 25.675 y al Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva en materia ambiental.
El procurador remarcó que, cuando no es posible individualizar la participación de cada empresa en el daño ambiental colectivo, todas las partes intervinientes deben asumir las consecuencias.
La causa se inició a partir de la presentación realizada por la Provincia en el Juzgado Contencioso Administrativo, con el objetivo de contener, mitigar y recomponer el ambiente afectado por los pasivos generados en la zona.
En junio de 2025, el Tribunal dictó una medida cautelar que impuso a la empresa President Petroleum S.A. reforzar la seguridad perimetral, instalar cartelería preventiva, impedir el acceso de personas y animales, y contener los fluidos emanados del pozo.
La empresa apeló, argumentando que no podía responder por daños provocados por terceros antes de su concesión.
El Procurador General recordó que, según el Decreto Provincial N° 2174/2015, las cesiones de concesiones incluían también la transferencia de derechos, obligaciones y pasivos ambientales, por lo que cada empresa debía asumirlos.
Asimismo, señaló que President Petroleum ya había comunicado un plan de abandono del pozo, lo que confirmaba su conocimiento y deber de actuar.
El dictamen concluye que las medidas preventivas deben extenderse a todas las empresas demandadas, quienes podrán ser emplazadas a cubrir proporcionalmente los costos de saneamiento y preservación del entorno.
Cabe recordar que desde 2023 la Fiscalía Penal de Pichanal, con apoyo de la Procuración General y el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), investiga la situación. En mayo de 2025 solicitó medidas de seguridad para proteger tanto a la población como al ambiente circundante.
Con este dictamen, se reafirma el principio de responsabilidad ambiental integral y solidaria de las concesionarias frente al Estado y la sociedad.
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