La causa por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó una prueba clave que compromete aún más al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
Un acta de allanamiento a una caja de seguridad en la sucursal del banco BBVA, ubicada en avenida Rivadavia al 4000, en Almagro, reveló la existencia de 82 mil dólares y 2.950 euros no declarados por el exfuncionario. Según el informe entregado al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, la caja de seguridad número 86 fue abierta el 15 de noviembre de 2019 y figura a nombre exclusivo de Spagnuolo.
De acuerdo con el testimonio de la contadora del banco, Andrea Inés Zalazar, no se registraron ingresos ni retiros desde el 1 de enero de 2024. Esto implica que el exfuncionario ya tenía esa suma en los primeros días de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, solo reportó 25 mil dólares en depósitos en el país, omitiendo el resto de los fondos hallados.
El hallazgo desestima la hipótesis de un vaciamiento de la caja antes del procedimiento judicial y compromete patrimonialmente a Spagnuolo, quien ahora deberá justificar el origen de ese dinero.
En paralelo, el avance de la investigación detectó irregularidades con el teléfono celular entregado por el exfuncionario. Según la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el dispositivo —un iPhone 16 Pro Max— fue activado el 21 de agosto de 2025, menos de 24 horas antes del allanamiento. Además, fue vinculado al WiFi de su domicilio y reinstaló WhatsApp sin copia de seguridad, eliminando conversaciones previas. Para los investigadores, esto constituye una acción deliberada de ocultamiento.
Actualmente, Spagnuolo es representado por el defensor oficial Diego Silva, tras la renuncia de sus abogados particulares. La situación se complica además con la declaración de Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, quien lo vinculó a un presunto esquema de retornos en licitaciones públicas que, según afirmó, llegaban hasta la Casa Rosada.
El expediente sigue bajo la órbita del juez Casanello y el fiscal Picardi, mientras se espera que Spagnuolo brinde explicaciones sobre los fondos no declarados.
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