La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la autorización solicitada por la Justicia para avanzar con medidas en el marco de la investigación contra el diputado José Luis Espert, por presuntos pagos recibidos del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, durante la campaña presidencial de 2019.
El pedido fue presentado por el juzgado federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, por solicitud de la fiscalía liderada por Federico Domínguez, tras la denuncia promovida por el dirigente Juan Grabois. Por tratarse de un legislador, Espert posee fueros y protecciones especiales, por lo que la autorización de la Cámara era indispensable para cualquier acción judicial.
Durante la sesión, se destacó que los detalles de las medidas solicitadas se mantendrán bajo secreto de sumario, a fin de no entorpecer la investigación. Entre las acciones contempladas se incluirían allanamientos a propiedades y oficinas del diputado, así como el secuestro de bienes, aunque Espert no podrá ser detenido mientras dure el proceso.
Actualmente, Espert se encuentra de licencia como diputado, tras haber renunciado a su candidatura en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre, y también a la presidencia de la comisión de presupuesto.
El origen de la investigación se remonta a documentos judiciales de Estados Unidos que revelaron un pago de 200 mil dólares desde una empresa vinculada a Machado a una cuenta de Espert. Inicialmente, el legislador negó los vínculos, pero posteriormente reconoció haber recibido los fondos.
El expediente judicial llega en momentos en que Fred Machado fue trasladado desde su domicilio en Viedma, Río Negro, a una unidad penal, en espera de su extradición a Estados Unidos, autorizada por la Corte Suprema.
La sesión en Diputados estuvo marcada por la tensión entre la transparencia del procedimiento y el resguardo del secreto judicial, lo que generó debate sobre la posibilidad de realizar una sesión secreta, opción finalmente descartada. La mayoría de los legisladores aprobó la medida judicial, permitiendo que la Justicia continúe con su investigación.
Esta autorización marca un paso importante en el avance del caso, en el marco de la legislación sobre fueros y protecciones de los miembros del Congreso argentino.
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