Este martes, el Gobierno nacional promulgó dos leyes de gran alcance: la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y de las residencias médicas en hospitales nacionales por un año.
Sin embargo, la aplicación de ambas leyes quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional, siguiendo la misma modalidad adoptada hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La suspensión fue oficializada mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, debido al impacto fiscal estimado que las normas generarían sobre las cuentas públicas.
Ley de Financiamiento Universitario
La Ley N° 27.795 busca sostener el presupuesto universitario en todo el país, actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios del personal docente y no docente. Entre sus puntos principales se incluye:
- Ajuste bimestral automático de los gastos según la variación del IPC. Entre mayo y diciembre de 2024, la inflación fue del 34,89%, con un costo adicional estimado de $123.358.213.085. Para 2025 y 2026, los costos proyectados ascienden a $1.069.644.600.000 y $2.008.377.852.000, respectivamente.
- La recomposición salarial mínima se calcula para equiparar los salarios con la inflación, lo que implica un aumento adicional de 40,25% sobre los básicos y la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico, con un costo proyectado de $178.984.054.000 en 2025 y $490.459.716.000 en 2026.
- Actualización automática de los programas de becas estudiantiles, incluyendo Becas Estratégicas Manuel Belgrano y Becas Progresar, con un costo estimado de $149.454.933.495 para 2025.
Ley de Emergencia Pediátrica
La Ley N° 27.796, con el Hospital Garrahan como referente, busca garantizar:
- Acceso efectivo y oportuno a servicios de salud pediátrica.
- Funcionamiento de hospitales públicos y residencias médicas.
- Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial.
- Recomposición salarial y exenciones de impuestos para actividades críticas y guardias.
El costo fiscal estimado asciende a $196.270.000.000, superando la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, con un déficit de $102.400.000.000. Según el Ejecutivo, implementar estas leyes sin financiamiento afectaría 30% del total de subsidios para medicamentos y 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
El Gobierno remarcó que el Congreso no especificó la fuente de financiamiento, incumpliendo la Ley N° 24.156, motivo por el cual la aplicación de ambas normas queda suspendida hasta la inclusión de partidas presupuestarias.
En septiembre, el Ejecutivo había vetado la Ley de Emergencia Pediátrica, advirtiendo que un gasto desmedido podría deteriorar el sistema de salud, acelerar la inflación y empobrecer a los sectores protegidos. Tras el rechazo de ambos vetos, se decidió postergar la implementación hasta que existan recursos asignados.
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