La Justicia federal investiga un presunto esquema de sobornos y sobreprecios dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), una maniobra que, según la fiscalía, habría funcionado como un circuito paralelo de adjudicaciones entre 2024 y 2025. El expediente ya motivó la imputación de 15 personas, entre exfuncionarios y empresarios del sector farmacéutico.
La causa tomó estado público luego de la difusión de audios y documentación interna que revelaron presuntas irregularidades en la provisión de medicamentos e insumos. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la Andis habría direccionado compras y autorizado contrataciones reiteradas con valores por encima del mercado, generando un perjuicio estimado en más de 43.000 millones de pesos.
Entre los imputados se encuentra el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien dejó su cargo tras conocerse las primeras denuncias, en medio de tensiones internas. También enfrentan cargos exresponsables técnicos y operativos, junto a representantes de empresas proveedoras que, según la investigación, habrían presentado presupuestos inflados para asegurar la aprobación de expedientes.
El caso adquirió mayor dimensión política luego de trascender conversaciones atribuidas a Spagnuolo en las que se mencionaba un supuesto porcentaje destinado al pago de sobornos. La fiscalía, sin embargo, centró su acusación en pericias sobre teléfonos, correos electrónicos, registros contables, documentación interna y movimientos patrimoniales, más allá de los audios filtrados.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y la detención de Pablo Atchabahian, exresponsable de un área vinculada a la autorización de prestaciones. El resto de los imputados deberá presentarse a indagatoria en los próximos días.
La causa también generó impacto político dentro del oficialismo, ya que en algunas comunicaciones analizadas aparecen referencias a figuras con roles relevantes en la estructura gubernamental. Ante las primeras denuncias, el Ejecutivo separó a Spagnuolo y a varios funcionarios del área, y rechazó cualquier vínculo con los hechos investigados.
La investigación sigue bajo secreto parcial, mientras se profundizan las pericias y se evalúa si las maniobras denunciadas formaron parte de un entramado sostenido en el tiempo o si se trató de acciones puntuales dentro del organismo.
En las próximas semanas, empresarios y exfuncionarios deberán comparecer ante el juzgado. Por la magnitud de los fondos y por el alcance político del caso, el expediente se perfila como uno de los más relevantes en materia de corrupción administrativa en los tribunales federales.
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