El Gobierno denunció por presunto lavado de dinero y evasión impositiva al financista Ariel Vallejo, propietario de la empresa Sur Finanzas y señalado por mantener vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La presentación judicial fue realizada por la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARCA), que venía monitoreando los movimientos financieros de la compañía y detectó operaciones consideradas sospechosas.
Según la denuncia, las maniobras delictivas alcanzarían los $3.327.267.047, monto reclamado por el fisco como impuesto no detraído de las operaciones realizadas por los usuarios de la billetera virtual de Sur Finanzas. ARCA también informó que la firma recibió fondos por un total de $818.000.000.000, trasladados a través de su plataforma.
Durante la investigación, en la que también intervino la Dirección General Impositiva (DGI), se identificaron movimientos efectuados por personas no categorizadas, sujetos declarados apócrifos y monotributistas con escasa capacidad económica para movilizar cifras de tal magnitud. Esto encendió las alertas sobre el origen y destino de los fondos operados a través del sistema.
En su presentación, ARCA explicó que Sur Finanzas ofrece un servicio de billeteras virtuales con un funcionamiento similar al de una cuenta corriente. La plataforma permite enviar y recibir dinero desde otras billeteras o desde cuentas bancarias propias o de terceros, actuando como intermediaria en las transacciones.
El Gobierno sostiene que la empresa incurrió en evasión al no retener ni depositar los impuestos correspondientes a los movimientos realizados por sus clientes. De acuerdo con el reclamo, esta omisión generó un perjuicio fiscal superior a los $3.327 millones.
La denuncia también detalla que 26 empresas que operaron mediante Sur Finanzas figuran en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA. Esta situación contradice la normativa del Banco Central, que prohíbe a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) brindar servicios a personas o entidades incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables.
Además, ARCA señaló que Sur Finanzas podría estar actuando en connivencia con terceros que se ocultarían detrás de identidades falsas, sujetos no categorizados y personas sin capacidad económica para justificar los montos movilizados. Esta presunta operatoria motivó el pedido de imputación por lavado de activos.
La DGI solicitó medidas de prueba de carácter urgente, entre ellas allanamientos, embargos, inhibición general de bienes de los presuntos responsables y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de investigar operaciones compatibles con el lavado de dinero.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar en la evaluación de las pruebas y en la definición de los próximos pasos del proceso investigativo.
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