Más de 2.150 personas fueron excluidas del padrón electoral de Aguas Blancas luego de una serie de controles ordenados por la Justicia Federal, en el marco de denuncias por presuntas irregularidades en la conformación del registro de votantes.
La medida fue dispuesta tras una resolución del juez federal Julio Bavio, quien había instruido la verificación exhaustiva del padrón ante el crecimiento inusual de electores registrados en la localidad fronteriza. Según se informó oficialmente, el número de personas habilitadas para votar había aumentado de manera significativa desde el año 2022, lo que motivó presentaciones judiciales y pedidos de revisión.
Las denuncias fueron impulsadas por referentes del espacio Juntos por el Cambio, acompañadas por informes de medios locales y observaciones de autoridades vinculadas al control fronterizo. A partir de estos planteos, el fiscal federal Ricardo Toranzos aportó pruebas que evidenciaron inconsistencias en los domicilios declarados por numerosos electores.
De acuerdo con la investigación, una parte considerable de las personas registradas en el padrón no reside efectivamente en Aguas Blancas. Además, se detectaron múltiples inscripciones con direcciones imprecisas o inexistentes, como domicilios consignados “sin número”, “sin calle” o con referencias genéricas, lo que impidió validar su residencia real en la localidad.
Uno de los puntos que llamó la atención durante el proceso de control fue la aparición de numerosos electores asentados en una misma calle sin numeración, situación que reforzó las sospechas sobre la falta de precisión y veracidad de los datos declarados.
Tras la revisión, la Justicia resolvió excluir del padrón a 2.150 personas por considerar que no cumplían con los requisitos de residencia exigidos por la normativa electoral vigente. El proceso de depuración del registro se realizó con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad de los próximos comicios en la localidad.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras se analizan los mecanismos utilizados para la inscripción de los electores cuestionados y se evalúan eventuales responsabilidades administrativas o penales derivadas de las irregularidades detectadas.
Fuente: El Tribuno