El proyecto de Ley de “Libertad Educativa” impulsado por el gobierno nacional abrió un nuevo foco de tensión en el sistema educativo argentino. El Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios de Argentina (SiTBA) difundió un pronunciamiento en el que cuestiona el borrador de la iniciativa oficial, que propone derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006, y reemplazarla por un nuevo marco normativo.
Según informó el gremio, la propuesta redefine el rol del Estado en materia educativa al consagrar el principio de subsidiariedad. De acuerdo con el texto del proyecto, el Estado pasaría a ocupar un rol secundario, mientras que la familia sería considerada el “agente natural y primario de la educación”, con una mayor delegación de responsabilidades en la sociedad civil para la organización de las propuestas educativas.
Desde SiTBA señalaron que este cambio implicaría una modificación estructural del sistema educativo nacional. En particular, advirtieron que la equiparación en el acceso al financiamiento público entre instituciones estatales y privadas, prevista en el articulado, podría derivar en una redistribución de recursos que afecte a escuelas y bibliotecas públicas.
Otro de los puntos señalados por el sindicato es la declaración de la educación básica como “servicio esencial”. Según el gremio, esta figura, incluida en el proyecto, tendría impacto directo sobre el ejercicio del derecho a huelga, reconocido en la Constitución Nacional y en la legislación sindical. En ese marco, alertaron sobre posibles consecuencias para la negociación colectiva y el funcionamiento de las paritarias del sector educativo.
El documento también menciona aspectos vinculados a la organización pedagógica. Entre ellos, la habilitación de la educación en el hogar y de modalidades de educación a distancia sin un esquema detallado de control pedagógico, así como el otorgamiento de amplios márgenes de autonomía a las instituciones para definir planes de estudio propios. Para SiTBA, estos puntos podrían afectar la coherencia curricular y el acceso a contenidos formativos comunes.
El debate sobre la iniciativa se extiende más allá del ámbito sindical y educativo. El proyecto fue abordado en distintos medios nacionales y motivó pronunciamientos de organizaciones gremiales del sector, como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que también expresó reparos sobre la declaración de la educación como servicio esencial.
Desde SiTBA indicaron que continuarán difundiendo su posición y convocaron a trabajadores de la educación, estudiantes y organizaciones sociales a seguir de cerca el tratamiento del proyecto. En el centro de la discusión se encuentra el futuro de la Ley de Educación Nacional, el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación y el alcance de las transformaciones propuestas para el sistema educativo argentino.
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