Un presunto fraude de alcance provincial fue denunciado por el Gobierno de Salta tras detectarse la utilización de postítulos docentes falsos para obtener puntaje en concursos de ascenso y designación de cargos. Por primera vez, el Ministerio de Educación avanzó con una denuncia penal en el ámbito educativo, con el respaldo explícito de la ministra Cristina Fiore y del gobernador Gustavo Sáenz.
La presentación judicial se realizó luego de una auditoría interna llevada adelante durante el período de tachas, la etapa final previa a la conformación de los cuadros de mérito para el ciclo lectivo 2026. Allí, la Junta Calificadora de Méritos advirtió la reiteración de certificados con formatos, contenidos e institutos idénticos presentados por distintos docentes, lo que encendió las alertas.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro William Becker, explicó que los primeros indicios surgieron al detectar patrones comunes que descartaban casos aislados. A partir de ese hallazgo, se revisaron legajos y los resultados preliminares dieron lugar a la denuncia penal.
Según precisó el funcionario, la magnitud de los casos detectados permite inferir la posible existencia de una operatoria organizada. Aunque evitó confirmar cifras, reconoció que se trata de un número elevado y de alcance provincial, ya que todas las designaciones docentes pasan por la Junta Calificadora. También señaló que se analiza si los certificados falsificados usaron nombres o logotipos de institutos reales, que podrían haber sido afectados sin saberlo.
En el plano administrativo, el Ministerio confirmó que la normativa vigente prevé la suspensión automática por dos años de los trámites ante la Junta para los docentes involucrados, además de la apertura de sumarios y la remisión de los expedientes a la Justicia. Pese a la gravedad del caso, se informó que se intentará sostener el cronograma oficial para no perjudicar a quienes cumplieron con los requisitos de manera regular.
Desde la cartera educativa remarcaron que la decisión de judicializar el caso apunta a resguardar la transparencia del sistema y la carrera docente, y dejaron en manos de la Justicia la determinación de responsabilidades penales.
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