La senadora nacional Flavia Royón expuso este lunes ante las comisiones de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados los principales lineamientos del proyecto de reforma a la Ley Nacional de Glaciares, una iniciativa que propone modificar la norma vigente desde 2010 y otorgar mayor autonomía a las provincias en la gestión de estos recursos naturales.
La reunión conjunta contó con la participación de legisladores provinciales de ambas cámaras. Por el Senado estuvieron presentes Gonzalo Caro Dávalos, quien preside la comisión, junto a Leonor Minetti, Arnaldo Altamirano, Carlos Guitian, Roque Cornejo, Enrique Cornejo y Dani Nolasco. En tanto, por la Cámara de Diputados participaron la presidenta de la comisión, Griselda Galleguillos, y los diputados Jerónimo Arjona, Guillermo Kripper, Nicolás Taibo y Claudio Cansinos.
Durante el encuentro se analizó el impacto que la eventual reforma podría tener en las provincias, particularmente en Salta. En ese contexto, Galleguillos señaló la importancia de contar con información precisa sobre el alcance de la iniciativa, al tiempo que remarcó que la provincia no cuenta actualmente con proyectos mineros en zonas de glaciares. En la misma línea, el senador Caro Dávalos destacó la necesidad de comprender cómo los cambios propuestos podrían incidir en el territorio provincial.
Royón explicó que el proyecto busca aclarar aspectos de la Ley Nº 26.639, sancionada en 2010, que no fue reglamentada durante más de 15 años y que generó controversias por la superposición de competencias entre la Nación y las provincias. Según detalló, el objetivo central continúa siendo la protección de los glaciares, aunque con un enfoque más técnico y federal.
La legisladora precisó que, de acuerdo con el inventario nacional, la Argentina cuenta con unos 17.000 glaciares, de los cuales 646 se encuentran en Salta. Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición del concepto de “ambiente periglaciar”, cuya falta de precisión en la ley actual dio lugar a interpretaciones dispares. La propuesta plantea que sean las provincias las que determinen qué áreas deben ser protegidas, en función de su relevancia hídrica.
El proyecto también habilita la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental de posibles actividades productivas, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del ambiente. En ese marco, Royón indicó que la reforma permitirá actualizar el inventario de glaciares y focalizar la protección en aquellos que contienen recursos hídricos estratégicos.
Al cierre de la reunión, la senadora confirmó que el tratamiento del proyecto está previsto para el mes de febrero en el Senado de la Nación y ratificó su acompañamiento a la iniciativa, que continúa en análisis legislativo.
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