Después de más de una década sin respuestas, un fallo judicial expuso inconsistencias documentales, declaraciones desacreditadas y la necesidad de revisar entornos de poder que rodearon los hechos, en una causa atravesada por demoras, omisiones y líneas de pesquisa inconclusas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó el sobreseimiento del camionero Héctor David Romero y ordenó reabrir de manera formal la investigación por la desaparición de María Cash, ocurrida en julio de 2011. La resolución deja sin efecto el cierre anticipado de la causa y dispone avanzar hasta agotar todas las medidas de prueba pendientes, en un expediente atravesado por testimonios desacreditados, documentación cuestionada y demoras de más de 13 años.
En su fallo, el tribunal reconstruyó las últimas horas verificadas de la joven y describió el estado de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba antes de ser vista por última vez. Para los jueces, ese contexto impone al Estado un deber reforzado de investigación ante la desaparición de una mujer.
La Cámara advirtió que la causa se apartó durante años de la última secuencia comprobada —cuando la joven subió al camión conducido por Romero en General Güemes— a partir de relatos que luego fueron desacreditados. Esos testimonios instalaron hipótesis erróneas y dilataron el avance del expediente, impidiendo profundizar en los elementos centrales del caso.
Entre los puntos señalados, el fallo menciona declaraciones y documentación aportadas por el empleador de Romero, Miguel Segura, cuya validez deberá ser revisada. En particular, se ordenó analizar la originalidad y veracidad de un remito presentado de manera tardía, con fechas inconsistentes, utilizado para respaldar el viaje del camionero el día de la desaparición.
Entorno laboral, familiar y vínculos de poder
La resolución judicial también recomendó profundizar la investigación sobre el entorno laboral y familiar de Romero, a partir de la existencia de conversaciones incorporadas al expediente que evidencian una expectativa por parte del imputado y su entorno respecto del avance de la causa.
En ese marco, el tribunal puso el foco en el rol del empleador Miguel Segura y su entorno familiar, con vínculos políticos en la ciudad de General Güemes. Al momento de la desaparición de María Cash, Federico Segura se desempeñaba como senador provincial por Güemes y Daniel Segura era intendente de esa ciudad.
En la actualidad, Daniel Segura ocupa una banca como diputado provincial. Estos datos surgen del análisis del contexto y forman parte de los aspectos que la Cámara consideró necesario revisar para descartar cualquier interferencia o condicionamiento en la investigación.
Además de mantener a Romero imputado, la Sala I de la Cámara —integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Rabbi Baldi Cabanillas— enumeró 15 medidas investigativas que deberán desarrollarse antes de cualquier decisión definitiva:
1. Verificar si María Cash descendió efectivamente en el santuario de la Difunta Correa, sobre la ruta 34, recabando testimonios de personas que se encontraban en la zona el 8 de julio de 2011.
2. Volver a citar a empleados de la gomería de Ramón Crespín, ante la posible existencia de un trabajador que no fue entrevistado.
3. Reconvocar a los especialistas que realizaron rastrillajes con perros en 2013, para que amplíen detalles técnicos sobre esas diligencias.
4. Realizar un nuevo peritaje vial para evaluar la maniobra de detención que describió el imputado, considerando el estado de la banquina en 2011.
5. Identificar y citar a todos los compañeros de trabajo de Romero que participaron en la descarga de mercadería en Joaquín V. González.
6. Volver a convocar a los policías provinciales que elaboraron informes sobre horarios de viaje y descarga del camión.
7. Profundizar la investigación sobre los viajes de los camiones de la empresa, registros y procedimientos de entrega de los vehículos.
8. Determinar la originalidad y veracidad del remito aportado por Miguel Segura, teniendo en cuenta las inconsistencias detectadas.
9. Conformar una mesa de trabajo entre peritos de distintas fuerzas para analizar en conjunto la información de telefonía celular.
10. Verificar con las empresas de telefonía los cambios en el registro de antenas entre 2011 y la actualidad y las condiciones en que se tomaron muestras del camión.
11. Solicitar un nuevo informe pericial sobre retazos de cartón y papel madera hallados en la cámara frigorífica del camión, con aparentes manchas rojizas.
12. Volver a citar al personal policial que realizó pericias en el acoplado del camión, para evaluar la posibilidad de nuevos análisis biológicos.
13. Realizar un cruce integral y triangulación de llamadas y celdas, identificando contactos en común durante julio y agosto de 2011.
14. Profundizar la investigación sobre la línea telefónica desde la cual se alertó a la familia Cash sobre una posible disposición del cuerpo en el Dique El Tunal.
15. Evaluar la factibilidad de realizar nuevas búsquedas de restos óseos y textiles en el Dique El Tunal, con tecnología disponible en la actualidad.
La causa sigue en el mismo juzgado
La Cámara también rechazó el pedido de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal N.º 2 de Salta, por lo que la investigación continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez.
Con esta decisión, el tribunal concluyó que no existe certeza suficiente para cerrar el caso y que aún persisten elementos relevantes que deben ser analizados de manera integral.
La reapertura de la investigación reactiva una causa emblemática de la historia criminal argentina y ordena revisar, sin desvíos ni fragmentaciones, cada una de las pruebas pendientes sobre la desaparición de la joven diseñadora.
📌 Publicado por Diario InfoSalta