El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión judicial que declaró nulo el protocolo antipiquetes, luego de que un juez federal hiciera lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución judicial generó una rápida respuesta del Ministerio de Seguridad, que ratificó su intención de sostener la vigencia de la medida por la vía judicial.
El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, quien consideró inválida la Resolución 943/23, mediante la cual se había implementado el protocolo durante la gestión de Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad. Según el magistrado, la norma carece de los requisitos legales necesarios para ser considerada un acto administrativo válido.
Tras conocerse la decisión, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo avanzará con una apelación. A través de su cuenta en la red social X (twitter), expresó que el protocolo será defendido y afirmó que su aplicación permitió restablecer el orden en el espacio público.
En la misma línea, desde la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación se informó que la decisión judicial será recurrida y se reiteró la postura oficial de sostener el protocolo como una herramienta legítima dentro del marco de la política de seguridad.
En los fundamentos del fallo, el juez Cormick sostuvo que la resolución impugnada presenta una “ilegitimidad manifiesta” y señaló que no cumple con los elementos exigidos por la ley de procedimientos administrativos. Además, aclaró que las personas que se consideren afectadas por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia penal correspondiente.
Desde el CELS, organización que impulsó el amparo colectivo, destacaron que la sentencia fija límites a las atribuciones del Ministerio de Seguridad y señalaron que la resolución anulada avanzaba sobre derechos constitucionales. Según indicaron, el juez entendió que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a las fuerzas de seguridad, el protocolo modificaba de hecho leyes penales, procesales y orgánicas sin intervención del Congreso.
El protocolo antipiquetes fue aplicado por última vez a mediados de diciembre, durante la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, ya bajo la gestión de Monteoliva.
En paralelo, continúa en trámite una causa judicial vinculada a su implementación, que investiga los hechos ocurridos durante la marcha del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó herido tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno mientras cubría la protesta en las inmediaciones del Congreso.
Distintos referentes sindicales y sociales también se pronunciaron tras el fallo. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y valoró la decisión judicial como un avance en materia de garantías constitucionales.
Mientras el Gobierno prepara la apelación, la causa sigue su curso y la definición final sobre la validez del protocolo antipiquetes quedará ahora en manos de instancias judiciales superiores.
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