Cursaron y abonaron capacitaciones que se ofrecían como legítimas, presentaron certificados que en un primer momento fueron aceptados y hoy enfrentan investigaciones penales, bloqueos de legajos y posibles exclusiones de concursos, en un conflicto que ya motivó la intervención de la Justicia y pedidos formales de documentación.
La denuncia que dio inicio a la causa fue presentada por el propio Ministerio de Educación, luego de que se detectaran irregularidades durante el período de tachas, instancia en la que se revisan antecedentes y legajos docentes.
Al menos ochocientos docentes de distintos puntos de la provincia de Salta atraviesan una situación crítica luego de quedar involucrados en una investigación por capacitaciones irregulares que impactaron de lleno en sus legajos, puntajes y proyección laboral dentro del sistema educativo salteño.
Según surge de las actuaciones administrativas y judiciales, una oferente de capacitaciones vendió y cobró cursos destinados a docentes sin contar con el reconocimiento del Ministerio de Educación ni con acuerdos formales con la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina. Los educadores realizaron las capacitaciones y presentaron los certificados bajo el principio de buena fe, sin haber sido advertidos de ninguna irregularidad.
El conflicto tomó mayor dimensión a principios de noviembre, cuando se conoció que la Justicia provincial investigaba la presunta utilización de certificados de postítulos apócrifos para acceder a cargos docentes.
La causa avanzó con la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que el 18 de diciembre se presentó en la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Cultura para requerir documentación clave.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la UDEC, informó que “el expediente se encuentra en etapa de instrucción y busca determinar el origen de los certificados cuestionados y las responsabilidades penales que pudieran corresponder”.
En diálogo con InfoSalta, el abogado Emilio Ruiz, representante legal de los educadores junto a la abogada Nilda Ferreira, afirmó: “No es que los docentes estafaron a la Junta, sino que ellos fueron estafados y hoy están siendo sancionados”.
Desde la cartera educativa se explicó que “la Junta Calificadora comenzó a advertir la aparición reiterada de certificados de postítulos que no cumplían los requisitos formales, algunos de ellos vinculados a las mismas instituciones y con formatos similares presentados por diferentes docentes”.
En ese marco, comenzaron a evaluarse sanciones administrativas. Entre las medidas adoptadas, se dispuso el bloqueo de legajos por un período de dos años en los casos detectados, lo que impide participar en concursos, ascensos, titularizaciones o nuevas designaciones para el ciclo lectivo 2026. Si bien estas decisiones no implican de manera automática la pérdida de cargos ya obtenidos, su alcance sigue bajo análisis administrativo y judicial.
Paralelamente, un grupo de docentes sostiene que no se trata de presentaciones fraudulentas intencionales, sino de una estafa masiva.
En este contexto Ruíz señaló a InfoSalta que “ya existen sanciones aplicadas, incluso a docentes aspirantes, lo que podría dejarlos fuera de los cuadros de mérito y del sistema de designaciones. Estas irregularidades que presenta la Junta Calificadora, afecta a los docentes”.
También advirtió que “las capacitaciones cuestionadas fueron aceptadas y computadas en una primera instancia, lo que reforzó la presunción de legalidad por parte de quienes las cursaron”.
Ante esta situación, los docentes damnificados iniciaron denuncias penales por estafa y presentaciones administrativas, aportando comprobantes de pago, recibos y denuncias policiales.
Asimismo, el abogado solicitó que se respete el derecho al descargo y el debido proceso antes de la aplicación de sanciones automáticas.
Por su parte, desde el Ministerio de Educación aclararon que “la investigación no pone en duda los títulos habilitantes de base, sino los postítulos que otorgan puntaje adicional”. También remarcaron que “se trata de una minoría dentro de un sistema que cuenta con cerca de 30.000 docentes en la provincia, y pidieron evitar la estigmatización del conjunto del sector”.
La causa continúa bajo reserva y no se descarta que se revisen presentaciones de años anteriores. La Justicia deberá determinar si existió una maniobra sistemática para defraudar al Estado o una red que simuló validez académica y terminó perjudicando a cientos de trabajadores de la educación.
📌 Publicado por Diario InfoSalta