De 16 a 14 años: el Gobierno avanza con un nuevo régimen penal juvenil

El Gobierno nacional comenzó a delinear uno de los debates legislativos más sensibles de los próximos meses. Tras consolidar sus primeros triunfos parlamentarios de 2025, la Casa Rosada avanza en la redacción de un proyecto amplio que combinará el nuevo Código Penal con un régimen penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La decisión oficial es postergar el tratamiento del Código Penal para integrarlo en una sola iniciativa junto con la reforma del régimen juvenil, con el objetivo de ordenar el debate y evitar discusiones fragmentadas. El texto sería enviado al Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias, una vez que el Ejecutivo complete su agenda prioritaria en extraordinarias, centrada en la reforma laboral y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes oficiales, se trata de dos proyectos que ya habían sido impulsados en 2025, pero que no lograron avanzar en ese momento. El nuevo Código Penal fue incluido en el temario de extraordinarias de diciembre, aunque nunca llegó al recinto por falta de consensos. En paralelo, la baja de la edad de imputabilidad había conseguido dictamen en Diputados en mayo, pero no obtuvo los votos necesarios para su tratamiento.

El proyecto de régimen penal juvenil propone habilitar el juzgamiento de menores desde los 14 años, exclusivamente para delitos graves, con una pena máxima de 15 años. A diferencia del sistema vigente, la iniciativa prioriza penas alternativas, como tareas comunitarias, medidas de reparación del daño, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y dispositivos de acompañamiento social.

“Hay todo un régimen penal juvenil que no se limita a la edad”, explicó uno de los autores del texto. “Incluye herramientas de inserción social, asistencia estatal, abordaje terapéutico y políticas públicas pensadas para qué hacer con un chico que delinque”, detalló.

En su versión anterior, la propuesta había reunido 77 firmas en comisión, superando el mínimo necesario, con apoyos del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Sin embargo, en ese momento el oficialismo era minoría en ambas cámaras y no logró llevarla al recinto.

Un Código Penal ampliado y reformulado

La baja de la edad de imputabilidad será incorporada ahora dentro del nuevo Código Penal, que originalmente no la contemplaba. El texto fue elaborado por una comisión especial convocada por el Poder Ejecutivo a comienzos de 2024, integrada por juristas como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, quien encabezó el grupo.

La primera versión del proyecto tenía 540 artículos, pero tras sucesivas revisiones se amplió hasta alcanzar 912 artículos. El texto definitivo fue presentado en diciembre pasado por el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, junto a la actual senadora Patricia Bullrich, en el marco de una conferencia oficial.

La propuesta incluye cambios estructurales en materia de corrupción, terrorismo y régimen de penas. Mantiene la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y suma otros delitos graves, como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, delitos vinculados al material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, narcotráfico y financiamiento del terrorismo.

También incorpora nuevas figuras penales, como una redacción más precisa para los delitos cometidos por motochorros, avances en criminalidad ambiental, incluyendo la contaminación, y ajustes técnicos en la tipificación del financiamiento del terrorismo.

El texto conserva leyes sancionadas en los últimos años, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y mantiene los agravantes por delitos cometidos en contextos de discriminación por género, identidad u orientación sexual, un punto que generó debates internos dentro del propio oficialismo.

Con este proyecto, el Gobierno busca abrir una discusión de fondo sobre el sistema penal argentino, el rol del Estado frente al delito juvenil y la actualización de un marco legal que no se modifica de manera integral desde hace décadas. El debate, anticipan en el Congreso, volverá a ocupar el centro de la escena nacional.

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