La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. En las últimas horas, el Gobierno nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una nueva denuncia penal por la presunta utilización de facturas apócrifas y movimientos de dinero sin la documentación correspondiente, por un monto que superaría los 375 millones de pesos.
Según informaron fuentes judiciales, la presentación se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por ARCA, en las que se detectaron salidas de fondos que no contarían con el respaldo documental exigido por la normativa vigente. Estas operaciones podrían constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y eludir los mecanismos de control fiscal.
Desde el Gobierno aclararon que se trata de una denuncia independiente y no de una ampliación de presentaciones anteriores. “Es una denuncia nueva”, señalaron fuentes oficiales, que indicaron además que esta acción forma parte de una estrategia de profundización del frente judicial contra la conducción de la AFA. En ese marco, no se descarta que el monto investigado pueda incrementarse a medida que avance la pesquisa.
La nueva denuncia se produce en paralelo a un proceso administrativo impulsado por la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo intimó recientemente a la AFA a presentar balances y documentación respaldatoria correspondientes a ejercicios anteriores, como parte de un examen técnico sobre su situación contable.
Si bien el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por el momento la designación de veedores, desde el Ejecutivo señalaron que esa posibilidad continúa en evaluación y quedará supeditada a los resultados del análisis de la documentación que la entidad entregue.
Con esta nueva presentación judicial, la AFA suma otro frente de investigación, mientras avanzan los controles sobre su operatoria financiera y administrativa. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades penales.
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