Tiene 21 años, es padre de dos niños pequeños y necesita un insumo médico indispensable para acceder a una cirugía que no admite más demoras.
Franco Nahuel Velarde enfrenta una patología severa que compromete su mandíbula y afecta funciones básicas como la alimentación y el habla. Reside en el departamento de Anta y se desempeña en tareas rurales. Su estado de salud se agrava con el paso de los días, mientras continúa sin poder avanzar con el tratamiento indicado por su médica tratante.
El diagnóstico médico indica un ameloblastoma folicular, un tipo de tumor óseo que requiere intervención quirúrgica especializada. Para poder realizar la operación, el equipo de salud prescribió una prótesis mandibular con sistema de fijación, elemento clave que debe ser provisto previamente como parte del abordaje integral.
Los informes clínicos a los que tuvo acceso InfoSalta, detallan que la lesión evolucionó de manera progresiva, provocando dolor intenso, limitación severa en la apertura bucal y dificultades para ingerir alimentos sólidos.
La situación repercute de forma directa en la calidad de vida del joven y en su capacidad para sostener su actividad laboral.
Velarde es padre de dos niños pequeños y su contexto socioeconómico depende de su trabajo diario. La falta de acceso oportuno al tratamiento profundiza un escenario de vulnerabilidad que excede lo estrictamente médico.
Ante la falta de respuestas administrativas, la abogada Miriam Elisabeth Medina, quien reside en Buenos Aires, pero al conocer el caso, se solidarizó con Nahuel y decidió acompañarlo legalmente, inició un reclamo formal para exigir la cobertura integral del insumo médico, conforme a lo establecido por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
En diálogo con InfoSalta, la letrada señaló que “la orden médica y los presupuestos correspondientes fueron presentados en noviembre de 2025 y reiterados en instancias posteriores, sin que hasta el momento se haya emitido la autorización necesaria”.
“Se trata de una prótesis indispensable para que el joven pueda operarse. La dilación de los tiempos administrativos tiene consecuencias concretas sobre su salud”, explicó la abogada.
Acceso a la salud y derechos vulnerados
La normativa vigente establece que las obras sociales deben garantizar prestaciones oportunas, continuas y completas, especialmente en casos de enfermedades graves que comprometen funciones vitales. El acceso efectivo a tratamientos no puede quedar supeditado a demoras que agraven el estado clínico del paciente.
Mientras el trámite continúa sin resolución, Franco espera una respuesta que le permita avanzar con una cirugía clave para frenar el avance de la enfermedad y recuperar condiciones básicas de vida. Para él y su familia, el tiempo no es un factor administrativo: es salud.
📌 Publicado por Diario InfoSalta