La discusión por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se desarrolla por estas horas lejos de los micrófonos y las fotos oficiales. La reunión de gobernadores que se mencionaba para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) quedó envuelta en hermetismo y falta de confirmaciones, en medio de negociaciones que varias provincias mantienen de manera individual con la Casa Rosada.
Aunque el encuentro figuraba inicialmente en la agenda, con el correr de las horas perdió definiciones concretas. Fuentes provinciales señalaron que nunca terminó de cerrarse la convocatoria y que incluso se evaluaba la posibilidad de un intercambio virtual, sin certezas sobre su realización. Algunos mandatarios admitieron en reserva que el contacto entre gobernadores se mantiene de forma informal, mientras avanzan las conversaciones bilaterales con el Ejecutivo nacional.
El trasfondo del silencio es político y fiscal. Gobernadores de distintos espacios buscan definir su posición frente al proyecto que el oficialismo pretende llevar al Senado el próximo 11 de febrero. La iniciativa abre debates tanto sobre el régimen de trabajo como sobre el esquema impositivo, con impacto directo en las finanzas provinciales.
Uno de los puntos más sensibles es el efecto fiscal de la reforma. Desde las provincias estiman que los cambios podrían implicar una merma superior a los 3 billones de pesos en sus recursos. En contraste, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el impacto sería menor, en torno a los 1,5 billones de pesos, y que comenzaría a sentirse recién en 2027.
Ese año no pasa desapercibido en el calendario político. Se trata de un año electoral y, en ese contexto, los gobernadores evalúan con cautela cualquier modificación que pueda reducir su margen financiero para sostener la gestión y encarar la campaña.
Desde el oficialismo nacional, en tanto, aseguran que los acuerdos políticos están avanzados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que existe coincidencia en la mayoría de los puntos del proyecto y que ya se solicitó una sesión especial para tratar la iniciativa en el Senado.
En ese escenario, el silencio de varios mandatarios provinciales aparece como parte de una estrategia. En las provincias reconocen que la negociación sigue abierta y que cada distrito analiza costos y beneficios antes de fijar una postura pública. Por ahora, la discusión avanza más en despachos cerrados que en mesas formales, mientras el proyecto se acerca a su debate legislativo.
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