Luego de 24 meses de congelamiento salarial, el Ejecutivo nacional habilitó aumentos para las máximas autoridades del Estado. La medida busca contener la salida de cuadros técnicos hacia el sector privado en un contexto de fuerte deterioro de ingresos. El Presidente y la Vicepresidenta quedaron excluidos del ajuste.
Después de dos años sin actualizaciones, el Gobierno nacional comenzó a aplicar desde febrero un aumento en los salarios de ministros, secretarios y otras autoridades superiores de la administración pública. La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei y apunta a frenar la salida sostenida de funcionarios con perfil técnico y profesional, un fenómeno que se profundizó en los últimos meses.
El congelamiento salarial, vigente desde el inicio de la gestión, había generado un desfasaje significativo entre los ingresos del sector público y los sueldos ofrecidos por empresas privadas. Esa brecha quedó expuesta tras la salida del entonces titular del Indec, Marco Lavagna, y cobró mayor visibilidad con la designación de su sucesor, Pedro Lines, quien había manifestado públicamente estar en búsqueda laboral debido a los bajos salarios estatales.
Según fuentes oficiales, situaciones similares se repitieron en distintos organismos y ministerios, donde se registraron renuncias de funcionarios que optaron por continuar su carrera fuera del Estado. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la pérdida de recursos humanos calificados se convirtió en un problema transversal dentro de la administración nacional.
De acuerdo con los nuevos valores, el salario bruto de los ministros pasó de $3.584.006 a ubicarse en un rango de entre $5,8 y $6,6 millones. En el caso de los secretarios, las remuneraciones se fijaron entre $5,3 y $6,1 millones brutos. El incremento acumulado varía entre el 62,4% y el 85,9%, no tiene carácter retroactivo y se percibirá con los haberes correspondientes a enero de 2026, que se cobran en febrero.
El ajuste salarial fue formalizado a través del Decreto 931/2025. La normativa establece de manera explícita que el aumento no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos sueldos permanecen congelados desde diciembre de 2023.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo subraya la necesidad de contar con un esquema de remuneraciones competitivo para garantizar la continuidad de un Estado profesional, eficiente y fiscalmente sostenible. La medida marca un cambio en la política salarial de las altas esferas del Gobierno y se inscribe en un contexto de reconfiguración interna del aparato estatal, atravesado por tensiones entre el ajuste fiscal y la retención de capital humano clave.
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