A pocos días de cumplirse diez años de la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la dirigente social deje la prisión domiciliaria y sea trasladada a una unidad penitenciaria común para continuar el cumplimiento de su condena.
La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que argumentó que Sala cuenta con una sentencia firme de 15 años de prisión por delitos considerados graves, entre ellos asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. Según el escrito, la modalidad de arresto domiciliario dejó de responder a los criterios que la justificaron originalmente.
En el documento elevado al tribunal internacional, el Estado argentino sostuvo que la medida dispuesta en 2017, en el marco de una resolución de la CIDH, se transformó con el paso del tiempo en un beneficio que no se corresponde con la situación judicial actual de la condenada. En ese sentido, se remarcó que la condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Gobierno también rechazó los planteos de la defensa de Sala, que insiste en denunciar hostigamiento judicial y persecución política. En contraposición, el Estado aportó documentación que daría cuenta de incumplimientos de las condiciones del arresto domiciliario, entre ellos el cambio de domicilio sin autorización judicial, situación que habría generado alertas en el sistema de monitoreo electrónico.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la Argentina mantiene su compromiso con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero aclararon que ese cumplimiento no implica sostener medidas excepcionales de manera indefinida. En el escrito se subrayó que el arresto domiciliario no constituye una pena autónoma, sino una modalidad alternativa que debe ajustarse a parámetros estrictos.
Milagro Sala cumplió en enero dos tercios de su condena, condición que la habilita legalmente a solicitar la libertad condicional, trámite que aún no fue resuelto. Actualmente, la dirigente social se encuentra internada en un hospital de la ciudad de La Plata, mientras su defensa continúa presentando recursos y denuncias ante distintos organismos nacionales e internacionales.
El pedido del Gobierno reabre un caso que, a una década de su inicio, sigue generando atención dentro y fuera del país. La definición de la CIDH sobre el planteo estatal será clave para determinar el futuro inmediato de la situación judicial y penitenciaria de Milagro Sala.
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