En una sesión que se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por discursos encendidos y negociaciones de último momento, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La votación se concretó pasadas la 1.20 del jueves, con 42 votos afirmativos y 30 negativos.
El resultado fue seguido desde uno de los palcos por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permaneció en el recinto junto al ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El rechazo opositor
Durante su intervención, Mayans calificó el proyecto como “inconstitucional” y aseguró que “va a fracasar”. Sostuvo que la propuesta “viola el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica” y cuestionó que se modifiquen 41 leyes en una sola jornada de debate.
El senador formoseño vinculó la reforma con el rumbo económico del Gobierno y afirmó que desde el cambio de gestión se perdieron 561.000 empleos registrados. También comparó las políticas actuales con las implementadas durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
En su exposición, centró sus críticas en tres ejes: el impacto en el empleo, la constitucionalidad del texto y el desfinanciamiento federal. Además, acusó al Ejecutivo de aplicar recortes sobre jubilados, universidades y provincias, y cuestionó el esquema financiero oficial.
La defensa del oficialismo
Minutos después, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa. Señaló que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta que dejó un país varado, anclado en el pasado”.
Bullrich afirmó que para generar trabajo “hay que bajar impuestos” y sostuvo que el objetivo es impulsar empleo privado. “Nosotros no queremos que tomar empleo sea un riesgo”, expresó.
La senadora también indicó que la norma establece que los delegados sindicales contarán con 10 horas mensuales para ejercer sus funciones y que se regularán las asambleas con el fin de evitar “paros encubiertos”. Además, pidió avanzar hacia un “pacto fiscal” y aseguró que la ley se integra al conjunto de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.
Cambios de último momento
Antes de la votación, el Gobierno introdujo modificaciones en el capítulo laboral. Finalmente, resolvió mantener los aportes obligatorios a sindicatos y cámaras empresariales, aunque con límites porcentuales más bajos y sin fijar una fecha de caducidad.
El dictamen de mayoría descartó la cláusula que preveía que, a partir del 1 de enero de 2028, esos aportes patronales se volvieran voluntarios. De esta manera, continuarán siendo obligatorios, aunque se eliminarán porcentajes elevados que algunos convenios contemplaban.
Según trascendió en el Senado, uno de los argumentos centrales fue la situación de los gremios más pequeños. Legisladores señalaron que la eliminación de los aportes en el corto plazo podría haber afectado su subsistencia.
En la versión anterior del proyecto, los aportes a cámaras empresariales no podían superar el 0,5% de las remuneraciones, mientras que los destinados a asociaciones sindicales tenían un tope del 2% para afiliados y no afiliados. También se habían detectado casos en los que los porcentajes llegaban hasta el 6%, situación que fue cuestionada por senadores dialoguistas.
El oficialismo confirmó además que el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires quedará incorporado como anexo al final del texto. La decisión generó críticas de la oposición, que cuestionó la falta de tratamiento específico en comisión.
Por otra parte, se aclaró que las billeteras virtuales no podrán intervenir, por ahora, en el pago de salarios. No obstante, el Banco Central analiza la posibilidad de emitir regulaciones futuras que permitan la participación de plataformas que cumplan con estándares de solvencia y seguridad.
La sesión concluyó en la madrugada, con un recinto todavía en movimiento y la expectativa puesta en la implementación de una de las reformas centrales del programa del Gobierno. La votación marcó un nuevo capítulo en la agenda legislativa del Ejecutivo y dejó planteado un escenario de debate que continuará en los próximos meses.
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