La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista, convocada de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja se concrete esta semana. La medida de fuerza no incluirá movilización al Congreso, a diferencia de otras protestas recientes.
Desde la central sindical indicaron que el triunvirato de conducción concurrirá previamente a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde comenzará el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
Transporte garantizado y alto impacto nacional
Uno de los puntos clave para la efectividad del paro era la adhesión del transporte público. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, confirmó que acompañará la medida, pese a no integrar actualmente la conducción de la CGT.
“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, señalaron desde el gremio.
También se sumarán la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia; La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, entre otros gremios estratégicos.
La adhesión de estos sectores anticipa una paralización significativa de servicios en todo el país durante la jornada en que se debata la reforma.
Debate interno y rechazo al artículo 44
En la reunión del Consejo Directivo hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una movilización al Congreso, entre ellos Octavio Argüello, cotitular de la CGT, junto a representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Sin embargo, la propuesta no prosperó y se optó por una demostración de fuerza basada exclusivamente en la paralización de actividades.
El malestar sindical se profundizó tras la aprobación en el Senado del artículo 44 del proyecto, que establece que en casos de enfermedad o accidente no laboral el trabajador percibirá el 50% del salario, con posibilidad de elevarlo al 75% si no medió acción voluntaria ni conocimiento previo del riesgo.
Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad y jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la modificación y argumentó que apunta a combatir irregularidades en la emisión de certificados médicos, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes reglamentarios.
Posible escenario judicial
La CGT difundió un documento interno en el que anticipa que, de aprobarse la ley, evaluará avanzar por la vía judicial al considerar que la reforma es contraria a la Constitución Nacional y a tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El texto también sostiene que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige un esquema tripartito para debatir reformas laborales, mecanismo que (según la central) no se aplicó en este caso.
Mientras el oficialismo busca acelerar la sanción definitiva del proyecto en Diputados, el clima de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical vuelve a escalar, con un paro general que marcará el cuarto en lo que va de la gestión de Milei.
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