Un operativo de la Policía Federal Argentina culminó con la detención de 12 activistas que se manifestaban en el Congreso en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo impulsa en el Senado.
La protesta fue protagonizada por integrantes de Greenpeace, quienes ingresaron a la escalinata del Palacio Legislativo tras saltar la reja perimetral. Allí desplegaron una intervención pública sentados sobre inodoros, en señal de rechazo a los cambios propuestos en la normativa ambiental vigente.
Durante el procedimiento también fue detenido un camarógrafo que cubría la manifestación. Según se informó, el trabajador de prensa resultó herido.
El proyecto en debate
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece la prohibición de actividades extractivas en glaciares y en el ambiente periglacial, considerándolos reservas estratégicas de agua dulce.
El proyecto que se debate en el Senado introduce modificaciones en los artículos 6 y 7. Entre los cambios incorporados se incluye la prohibición de actividades que impliquen daños ambientales en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y la exigencia de que las evaluaciones ambientales se ajusten a la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688.
Este último punto contempla el monitoreo de la calidad y cantidad del caudal de agua que pudiera verse afectado por emprendimientos productivos.
La iniciativa plantea que la determinación de la relevancia hídrica de los glaciares quede bajo la órbita de las provincias, que tendrían mayor poder para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos. De aprobarse, se abriría la posibilidad de explotar recursos naturales en áreas glaciares que no sean consideradas hídricamente relevantes o que no cumplan función hídrica, un criterio que actualmente está restringido por la ley vigente.
El contexto de la protesta
El Gobierno nacional impulsa la reforma con el argumento de priorizar actividades productivas, especialmente en provincias con fuerte presencia minera e hidrocarburífera como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, con el objetivo de atraer inversiones y habilitar nuevos proyectos internacionales.
Desde Greenpeace habían anticipado su rechazo a la iniciativa. A principios de mes, la organización desplegó un cartel de 50 metros con la consigna “El agua es un derecho, no se negocia”, en defensa de la normativa actual.
La especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, advirtió que la protección de los glaciares impacta directamente en la seguridad hídrica de millones de personas y cuestionó los cambios propuestos por el oficialismo.
Mientras el Senado avanza en el tratamiento del proyecto, la protesta y las detenciones suman un nuevo capítulo al debate público en torno a la protección ambiental y el desarrollo productivo en el país.
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