A medio siglo del quiebre institucional, una intervención encendió alertas en el recinto y dejó al descubierto la falta de reacciones frente a expresiones que reabren discusiones sobre el pasado reciente.
En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina (que dio inicio a la última dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, caracterizada por organismos de derechos humanos como un régimen cívico-militar-eclesiástico), la Cámara de Diputados de Salta fue escenario de una situación perversa que pasó inadvertida entre los funcionarios públicos.
Durante la sesión, el diputado capitalino Franco Lastra, integrante de La Libertad Avanza, realizó una intervención que para sorpresa de muchos, no generó incomodidad en el recinto.
En su exposición, el legislador se refirió al período dictatorial como “una guerra”, una afirmación que históricamente ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y de distintos sectores académicos y judiciales.
Lastra sostuvo: “Seguir homenajeando también la verdad para que no vuelva a suceder nunca más ‘la guerra’ que sucedió, a la cual llamamos dictadura, que fue impulsada por el peronismo”. En el mismo discurso, agregó que “solamente se hablan dos partícipes cuando fueron cuatro”, en referencia a responsabilidades políticas, y mencionó a figuras como Isabel Perón y Juan Domingo Perón, junto a los exdictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera.
El legislador también afirmó que “el 20% de las personas que desaparecieron, desaparecieron en democracia”, señalando que esa cifra surge de “fallos judiciales”.
Pero lo que más llamó la atención es que el momento se desarrolló sin interrupciones ni pedidos de aclaración por parte de otros diputados presentes en la sesión. Tampoco se registraron intervenciones posteriores que respondieran o contextualizaran las declaraciones dentro del debate parlamentario.
A medio siglo del golpe, un legislador el cual se supone, debería estar preparado para el cargo que ostenta y por el cuál gana millones, lanza en el recinto afirmaciones que relativizan el carácter del terrorismo de Estado sin objeciones inmediatas por parte del resto de los legisladores.
Parece raro, pero aún en 2026 hay que explicar que desde el retorno de la democracia en 1983, distintos fallos judiciales han establecido la responsabilidad del Estado en la implementación de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura, reconocido como delito de lesa humanidad.
Esta última sesión en la Legislatura salteña volvió a poner en el centro de la escena cómo se narran los hechos del pasado reciente y qué lugar ocupan esas definiciones dentro de los ámbitos institucionales cuando los que legislan legitiman dichos tan aberrantes.
📌 Publicado por Diario InfoSalta