“Se trabaja sobre una sospecha”: imputaron “provisoriamente” a un comunicador y lo envían a la cárcel en menos de 48 horas. Convocan a una marcha en Metán

El próximo lunes a las 10 de la mañana, desde la Municipalidad de la ciudad de la miel hasta el Poder Judicial, familiares y allegados del influencer popular saldrán a la calle para pedir su liberación inmediata. La convocatoria no es aislada, nace de una causa que avanzó en tiempos récord, de una detención que dejó más preguntas que respuestas y de una decisión reciente que encendió aún más las alarmas.
“Pedimos que nos acompañen”, dicen desde la familia en diálogo con InfoSalta, Isolina, su cuñada junto a la hermana del reconocido Sergio “Cabo” Marqués contaron cómo impactó la situación en el entorno más cercano.
“La madre, cuando se enteró, terminó en la guardia del hospital con un pico de presión”, relataron. Pero enseguida fueron más allá: “Como familia creemos que esto es una persecución por la exposición que él tiene en las redes sociales”.
También marcaron algo que, para ellas, no cierra: “Cuando él denunció todas las arbitrariedades, mentiras y deformaciones que venían en su contra, la Justicia no actuó así de rápido”.
La causa se inició a partir de una denuncia del intendente José María Issa por mensajes intimidatorios. La investigación quedó en manos del fiscal Gonzalo Gómez Amado y en cuestión de horas derivó en la detención del comunicador, llama demasiado la atención si nos remitimos al historial laboral de este fiscal, que en su poder tiene causas gravísimas que involucran a funcionarios que duermen durante años.
Según el Ministerio Público Fiscal: “hasta ahora, el principal elemento es que la línea telefónica desde la cual se habrían enviado los mensajes está a nombre de Márquez”. Un dato que, por sí solo, no permite saber quién tenía el teléfono en el momento de los hechos. Y en ese punto, las pruebas técnicas (que suelen ser determinantes) todavía no aparecieron públicamente.
Sin embargo, lo que más llamó la atención en las últimas horas fue otra cosa: el traslado a una unidad carcelaria cuando llevaba menos de dos días detenido. Una decisión que sorprende aún más si se la mira en contexto.
Metán es, justamente, uno de los distritos donde suele argumentarse la falta de espacio en las unidades penitenciarias para demorar traslados incluso de personas con condenas firmes. Hay casos de detenidos que esperan semanas (o más) para ser enviados a una cárcel aun con sentencia efectiva.
Por eso, que en esta causa, con una imputación que el propio fiscal definió como “provisoria”, el traslado se haya concretado de manera casi inmediata, resulta al menos llamativo.
A eso se suma un detalle que no pasó desapercibido. En el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal se afirma textualmente: “En la imputación se trabaja sobre la sospecha de que el imputado habría emitido las amenazas desde el anonimato, generando temor en la víctima y su entorno familiar”.
La palabra “sospecha” queda flotando. Porque habla de una hipótesis, no de una certeza. Y en ese punto vuelve la pregunta: ¿alcanza una sospecha para justificar una detención y, además, el traslado urgente a una cárcel?
El procedimiento previo tampoco ayuda a despejar dudas. Márquez se presentó ante la Justicia, se retiró y luego fue convocado nuevamente. Cuando regresó, quedó detenido. Todo ocurrió en pocas horas.
En una ciudad donde muchos expedientes avanzan con lentitud, este caso vuelve a poner el foco en cómo se toman ciertas decisiones. También reaviva los cuestionamientos sobre el fiscal Gómez Amado, quien ya había sido señalado en otras oportunidades y cuyo traslado a Metán se dio en medio de planteos por “conflictividad institucional”.
Mientras tanto, “El Cabo”, como se lo conoce, sigue detenido. Su perfil (activo en redes sociales y crítico del poder político local) es, para su familia, parte del trasfondo de lo que está pasando.
La marcha del lunes busca justamente eso, que el caso se discuta fuera del expediente. No solo por él, dicen, sino por lo que puede significar si estas situaciones empiezan a repetirse.
Porque a esta altura, lo que hay no son certezas, sino una serie de decisiones rápidas sobre una base que, al menos por ahora, parece demasiado débil. Y en el medio, una pregunta que incomoda; cómo funciona la Justicia cuando lo que está en juego no es solo un delito, sino también la voz de quien incomoda.
📌 Publicado por Diario InfoSalta



