La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó un dato concreto, la confirmación de un viaje familiar al exterior realizado a fines de 2024, cuyos costos y modalidad de pago quedaron incorporados al expediente judicial.
De acuerdo con la información remitida a la fiscalía, el actual jefe de Gabinete (que en ese momento se desempeñaba como vocero del Gobierno) viajó junto a su grupo familiar a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Los pasajes fueron adquiridos a través de la aerolínea LATAM Airlines, con un costo individual de 1450 dólares, lo que arroja un total de 5800 dólares por los cuatro tickets.
Los registros de la compañía aérea indican que el itinerario incluyó una escala en Perú durante el vuelo de ida y otra en Ecuador en el regreso. Otro dato relevante para la causa es que los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo, un aspecto que quedó bajo análisis en el marco de la pesquisa.
El expediente es impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó avanzar sobre el perfil patrimonial del funcionario. En ese contexto, el juez Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. La medida habilita a los investigadores a acceder a movimientos financieros, incluidos los consumos con tarjeta de crédito durante el período del viaje.
En paralelo, la fiscalía profundiza el análisis de distintos gastos realizados en los últimos años. Entre ellos, figuran operaciones en moneda extranjera vinculadas a adquisiciones inmobiliarias y consumos personales, que serán cotejados con los ingresos declarados por el funcionario.
Según consta en la causa, el salario de Adorni se mantuvo sin actualizaciones y rondaba los tres millones de pesos mensuales hasta diciembre pasado. En ese marco, uno de los puntos centrales de la investigación es la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.
Por esa propiedad, valuada en 230.000 dólares, el funcionario habría realizado un desembolso inicial de 30.000 dólares. El resto de la operación se completó mediante una hipoteca de 200.000 dólares otorgada por las vendedoras, lo que permitió cubrir la mayor parte del valor del inmueble.
La Justicia busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos detectados, en una causa que continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de documentación financiera.
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