La causa por una serie de maniobras fraudulentas en la venta de insumos para la construcción en General Güemes avanzó hacia una instancia clave, la fiscalía solicitó la elevación a juicio contra un hombre de 79 años, señalado como presunto responsable de 69 hechos de estafa.
El requerimiento fue presentado por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ante el Juzgado de Garantías 8. La imputación encuadra los hechos como estafas reiteradas en concurso real, tras una investigación que reunió decenas de denuncias con un patrón común.
El expediente se originó a partir de reclamos de particulares que aseguraron haber sido víctimas de operaciones irregulares vinculadas a un corralón de la ciudad. Según consta en las actuaciones, los clientes realizaban pagos por materiales (ya sea en efectivo, transferencias o mediante billeteras virtuales), pero no recibían la mercadería en tiempo y forma. En algunos casos, las entregas eran incompletas; en otros, directamente no se concretaban.
Con el paso de los días y ante el incumplimiento de los plazos acordados, los compradores se acercaban al local en busca de respuestas. Allí, de acuerdo con la investigación, se encontraban con explicaciones vinculadas a demoras logísticas o supuestas faltantes de stock. Finalmente, el comercio cerró sus puertas y sus responsables dejaron de estar disponibles, lo que derivó en una acumulación de denuncias.
El análisis realizado por la Unidad de Investigación de la UDEC, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, permitió reconstruir la operatoria y estimar el daño económico. Según los cálculos actualizados, el perjuicio supera los 83 millones de pesos.
En noviembre del año pasado, y tras el cruce de información y tareas de campo, los investigadores lograron ubicar a los sospechosos en un camping de la localidad de La Caldera. En ese lugar se concretó la detención del principal imputado, mientras que su hijo (también señalado en la causa) no pudo ser localizado y fue declarado en rebeldía. Sobre él pesa un pedido de captura vigente.
Como parte de las medidas dispuestas en el marco de la investigación, la fiscalía solicitó y obtuvo la inmovilización de 13 cuentas bancarias vinculadas a los acusados, con el objetivo de preservar activos que puedan ser objeto de futuras medidas judiciales.
La causa se encamina ahora hacia la etapa de juicio oral, donde se analizará la responsabilidad penal del imputado en una serie de hechos que, según la acusación, conforman un esquema sostenido de engaño con fines económicos.
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