En medio de una creciente tensión con el sistema de salud, el Gobierno confirmó que avanzará en la cancelación de los $350.000 millones pendientes de deuda con el PAMI, con la intención de completar los pagos en las próximas semanas.
Fuentes oficiales indicaron que los desembolsos ya comenzaron a ejecutarse, con transferencias iniciales que alcanzan los $150.000 millones. El objetivo es regularizar el flujo financiero antes de mayo y así reducir el conflicto con clínicas, sanatorios, farmacias y profesionales médicos que venían reclamando por atrasos.
El pasivo total reconocido por el Ejecutivo asciende a $500.000 millones. En ese contexto, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los principales focos de preocupación dentro de la Casa Rosada, donde se multiplicaron las reuniones entre funcionarios de las áreas de Salud y Economía para evitar una escalada mayor.
La tensión tuvo su punto más alto con un paro de 72 horas protagonizado por médicos de cabecera, acompañado por movilizaciones frente a la sede central del organismo y el Congreso. Las protestas reflejaron el malestar acumulado por demoras en los pagos y cambios recientes en las condiciones laborales.
En el Gobierno admiten que existió preocupación por el impacto que podría generar una interrupción prolongada en la atención, especialmente por la magnitud del universo de afiliados que depende del sistema. Sin embargo, sostienen que la situación comenzó a encauzarse a partir de las primeras transferencias.
Desde el oficialismo relativizan la idea de una crisis estructural y aseguran que una parte importante de la deuda corresponde a compromisos recientes. En ese sentido, remarcan que la prioridad es restablecer previsibilidad en los pagos para evitar nuevos conflictos con el sector prestador.
Más allá de la coyuntura, en el Ejecutivo reconocen que el organismo atraviesa un escenario financiero delicado, agravado por las restricciones presupuestarias. La necesidad de asistencia externa quedó expuesta en este episodio, lo que obligó a acelerar medidas para contener la situación.
A la disputa por los pagos se sumó el rechazo de sectores médicos a una resolución que modificó su esquema de ingresos. Mientras el Gobierno la presenta como una reorganización administrativa, profesionales la interpretan como un ajuste que profundiza el deterioro en la relación con el Instituto.
Con este panorama, en Balcarce 50 buscan cerrar el frente financiero en el corto plazo para descomprimir el conflicto. La apuesta oficial es evitar nuevas medidas de fuerza y garantizar la continuidad del servicio, en una de las áreas más sensibles de la gestión.
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