En San José de Metán hay un expediente que ya dejó de ser un caso más. No por lo que se investiga, sino por cómo se está investigando.
El nombre es conocido: Sergio “El Cabo” Márques, influencer local, con presencia en radio y redes. Lleva dos semanas y media detenido por el controvertido fiscal Gómez Amado un nombre conocido en el ámbito judicial y no precisamente por su buen desempeño.
La acusación es grave: amenazas agravadas por el anonimato contra el Intendente José María Issa. Pero hay algo que conviene aclarar desde el principio: acá no se está discutiendo si Márques es culpable o inocente. Eso, en todo caso, debería definirse más adelante, con pruebas serias y en un juicio. El problema hoy es otro: por qué sigue preso con lo que hay en la causa.
Según surge del expediente, el punto de partida del fiscal es la titularidad de un chip telefónico. Es decir, Márques figura como titular de una línea desde la cual habrían salido los mensajes. Hasta ahí, un indicio. El problema es cuando ese dato se transforma en el principal sostén de una detención.
Porque en la práctica, cualquiera que haya trabajado con este tipo de investigaciones lo sabe: tener un chip a nombre de alguien no prueba que esa persona haya enviado un mensaje. No es una opinión, es una realidad técnica. Las líneas se activan con datos de terceros, los chips cambian de manos, los equipos no siempre aparecen.
Y acá aparece lo más llamativo del caso.
No hay, hasta ahora, un teléfono secuestrado que coincida con el supuesto origen de los mensajes. No hay una identificación técnica que conecte ese chip con un equipo específico. No hay una geolocalización que ubique a Márques en el lugar al momento de los hechos. Y la pericia realizada sobre su celular, según la propia defensa, no encontró nada que lo incrimine.
A eso se suma un testimonio clave: una mujer que declaró haber vendido el aparato vinculado a la línea a otra persona. Es decir, una pieza más que, lejos de cerrar el círculo, lo abre.
Sin embargo, Márques sigue detenido.
En cualquier sistema penal que funcione con reglas claras, la prisión preventiva no es la primera opción. Es la última. Se usa cuando hay riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En este caso, los datos van en sentido contrario; domicilio conocido, trabajo estable, sin antecedentes, y una investigación que ya avanzó en lo esencial.
Entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿qué riesgo justifica que siga preso?
Ahí es donde el expediente empieza a incomodar. Porque cuando la evidencia es débil y la detención se prolonga igual, lo que aparece no es una decisión jurídica sólida, sino otra cosa. Una forma de actuar donde la privación de la libertad deja de ser una excepción y pasa a ser una herramienta más.
La defensa también menciona un contexto de conflicto previo entre el denunciante y Márques, ligado a su actividad como comunicador. No es un dato menor. No prueba nada por sí solo, pero obliga a mirar el caso con más cuidado, no con menos.
Lo que está en juego, en definitiva, no es sólo la situación de una persona. Es algo más amplio: cómo el Fiscal usa las herramientas del proceso penal, teniendo en cuenta que fue trasladado en el 2019 a Metán justamente por beneficiar a determinados sectores, además hace un par de meses le llamaron la atención desde la Procuración por intentar imputar a la actual jueza Cecilia Corral Martín, para evitar que el pliego con su designación sea aprobado en el senado, pues no responde políticamente al bando del Fiscal.
Es necesario mencionar que cuando alguien pasa semanas preso con una base probatoria tan discutible, la señal que queda es peligrosa.
No para un acusado. Para todos.
Porque el día que la sospecha alcanza para sostener una detención, la frontera entre investigar y castigar empieza a borrarse. Y cuando eso pasa, ya no se trata de justicia. Se trata de prácticas que se parecen demasiado a lo que la democracia debería evitar.
📌 Publicado por Diario InfoSalta