La provincia de Salta dio un nuevo paso en materia de derechos humanos al incorporarse oficialmente al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, una iniciativa que busca brindar asistencia integral y generar herramientas concretas para la recuperación social y económica de quienes fueron rescatados de redes de explotación.
La adhesión fue rubricada por el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, durante una actividad encabezada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Mahiques. Del encuentro también participó el secretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Javier Mónico.
El programa funcionará a través de un sistema federal coordinado entre Nación y las provincias y estará destinado a personas identificadas como víctimas dentro de causas judiciales que ya hayan sido asistidas previamente por el Programa Nacional de Rescate.
La iniciativa contempla dos líneas de acción principales. La primera está vinculada a la asistencia inmediata y prevé la entrega de un subsidio equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante tres meses, con posibilidad de extenderse por otro período igual. El objetivo es cubrir necesidades básicas y acompañar a las víctimas en el inicio de un proceso de autonomía.
El segundo eje apunta a facilitar la reinserción laboral mediante un acompañamiento económico equivalente a medio salario mínimo, también por tres meses prorrogables. Además, incluye capacitaciones, formación profesional, orientación laboral y apoyo técnico para el desarrollo de emprendimientos productivos.
Tras la firma, Jarsún destacó que la incorporación de Salta al programa permitirá fortalecer la contención y ofrecer herramientas reales para quienes atravesaron situaciones de explotación. Según explicó, el trabajo conjunto entre el Estado nacional y provincial busca garantizar respuestas integrales que incluyan asistencia económica, formación y oportunidades de inserción social.
La implementación de este esquema en territorio salteño se suma a las políticas destinadas a combatir la trata de personas y reforzar la protección de víctimas mediante mecanismos de acompañamiento sostenido y acceso a nuevas oportunidades laborales.
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