La tensión en las principales vías navegables del país sumó un nuevo capítulo luego de que la Prefectura Naval Argentina ordenara la reanudación inmediata de las tareas de practicaje y pilotaje, en medio del paro por tiempo indeterminado que mantiene paralizado el movimiento de más de un centenar de embarcaciones dedicadas al transporte de mercaderías.
La disposición fue comunicada de manera individual a 536 prácticos, quienes fueron intimados a reincorporarse a sus funciones en los puertos argentinos. La medida busca restablecer la actividad en un conflicto que afecta el tránsito de buques de gran porte encargados del traslado de granos, combustibles, insumos industriales y otras cargas destinadas al comercio nacional e internacional.
Desde la Prefectura Naval Argentina, organismo responsable de la fiscalización operativa y disciplinaria del sector, se advirtió que quienes mantengan la interrupción del servicio podrán enfrentar sumarios administrativos y denuncias penales.
La fuerza señaló que la continuidad del paro podría encuadrarse en figuras previstas por el Código Penal vinculadas al entorpecimiento del transporte por agua y a conductas que comprometan la seguridad de la navegación. De acuerdo con la normativa vigente, esos delitos contemplan penas que pueden alcanzar hasta ocho años de prisión.
El conflicto se originó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La norma reemplazó el esquema regulatorio que regía desde 1991 e introdujo una reforma integral en el sistema de practicaje y pilotaje marítimo y fluvial.
Entre las principales modificaciones figura la creación de un registro público de profesionales administrado por la Prefectura Naval, la eliminación de restricciones para el ingreso a la actividad y la posibilidad de que las empresas usuarias elijan libremente a los prestadores del servicio.
El nuevo régimen también otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de establecer topes tarifarios y dispone la publicación de los costos de las prestaciones para garantizar mayor transparencia.
Además, la normativa elimina la división obligatoria por tramos geográficos, un sistema que exigía el reemplazo de prácticos durante un mismo recorrido. A su vez, flexibiliza la movilidad de los profesionales y amplía las excepciones para determinados tipos de embarcaciones.
Como respuesta a estos cambios, las organizaciones que representan a los trabajadores del sector resolvieron suspender totalmente las tareas tanto en buques nacionales como internacionales hasta que el Gobierno nacional deje sin efecto o modifique el decreto.
Mientras continúan las negociaciones, el conflicto mantiene un fuerte impacto sobre la logística portuaria y el comercio exterior argentino, con decenas de embarcaciones a la espera de poder retomar la navegación y normalizar el flujo de exportaciones e importaciones.
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