Una trabajadora, propietaria de un gimnasio, denunció al funcionario metanense por un procedimiento en el que, su moto y la de su hija fueron encadenadas. Afirma que el reconocido abogado llegó vestido con ropa deportiva, utilizó una cadena herrumbrada, convocó a Policía Vial y al 911 y luego la expuso públicamente. El caso generó además el repudio colectivo de los pobladores de esa ciudad.
El episodio ocurrió el pasado viernes alrededor de las 15 y, según el relato de Gladys, comenzó cuando Federico Delgado, Sub secretario de Seguridad de la ciudad de Metán, se presentó en su gimnasio, vestido de manera informal y procedió a inmovilizar las motocicletas con una cadena. En diálogo con InfoSalta, la mujer asegura que “quiso saber qué norma estaba aplicando y cuál era el procedimiento correspondiente, pero la situación terminó con la intervención de 15 efectivos policiales y una posterior exposición pública de ella, su hija y el gimnasio dónde trabajan”.
Asimismo, la víctima sostiene que su denuncia apunta a la manera en que se realizó el procedimiento, las facultades utilizadas y lo que ocurrió después, ya que le generó un estigma social.
“Yo jamás fui violenta. Nunca lo amenacé, ni grité. Solamente quería que me explicara qué norma estaba aplicando y por qué se quería llevar nuestras motos, sí me negué a que las retire”, sostuvo la mujer.
Según su presentación, las motocicletas no son simplemente un medio de transporte, sino una herramienta necesaria para su actividad laboral. Por eso, además de cuestionar el procedimiento, pidió que se investiguen los registros del 911, las cámaras y las actuaciones realizadas durante el operativo.
La denuncia plantea abuso de autoridad y situaciones que la damnificada considera compatibles con violencia institucional y de género. Es necesario destacar que la Ley 26.485 contempla la violencia institucional ejercida por agentes públicos cuando determinadas conductas tienen como efecto obstaculizar o impedir el ejercicio de derechos. En tanto, el artículo 248 del Código Penal contempla responsabilidades para funcionarios que, abusando de sus atribuciones, ejecuten actos contrarios a las leyes.
El escandaloso accionar contra Gladys y su hija tampoco, son un episodio aislado, desde la llegada de Delgado a la Subsecretaría de Seguridad, trabajadores que utilizan motocicletas para movilizarse y ganarse la vida comenzaron a denunciar procedimientos y situaciones que consideran abusivas e irregulares. Sus relatos ahora vuelven a poner bajo la lupa no solo la forma en que se realizan los controles, sino también las facultades concretas que tiene este funcionario dentro de esos operativos.
Y hay un dato que no es menor; Delgado es Subsecretario de Seguridad, no Director de Tránsito y su intervención en los operativos debe analizarse a la luz de las competencias que formalmente tiene asignadas el cargo. Por eso, será la Justicia la que deberá determinar si tiene facultades para intervenir materialmente sobre los vehículos, tocar, encadenar e inmovilizar esas motos y avanzar con el procedimiento de la manera en que lo hizo.
Además esta vergonzosa situación deja otra cuestión sobre la mesa la cantidad de recursos públicos movilizados para un procedimiento que involucró a una mujer trabajadora y dos motocicletas. En el lugar llegaron alrededor de 15 efectivos, además de personal de Policía Vial y la intervención del 911. La dimensión del operativo genera cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado Municipal y porqué Delgado dispuso semejante despliegue.
Y no sería la primera vez que este funcionario queda involucrado en áreas que exceden el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad. También existen cuestionamientos sobre el uso de recursos y personal municipal para generar contenidos para sus redes sociales y exhibir los operativos que encabeza, incluso con tareas que corresponderían a otras áreas del municipio. Si esos recursos, vehículos o trabajadores fueron efectivamente utilizados para fines de promoción personal, deberá determinarse quién los autorizó y con qué finalidad.
Es menester mencionar que una cosa es comunicar una política pública y otra muy distinta sería utilizar recursos que pertenecen al Estado para construir la imagen personal de un funcionario.
El episodio, fue tan violento y expuesto en las redes del propio funcionario que provocó el repudio colectivo en Metán.
En paralelo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el recorrido político de Delgado y sus aspiraciones dentro de Metán. Este político es identificado históricamente con el romerismo, en 2025 dio un giro llamativo y fue candidato a diputado provincial por el Partido de la Victoria, espacio ligado al kirchnerismo.
Su actual lugar en el municipio también abre una particular contradicción, hoy forma parte de la gestión de José María Issa, un intendente que no solo decidió sostenerlo en el cargo cuando presentó su renuncia, sino que públicamente destacó su desempeño, pese a que Delgado era opositor y lo golpeó públicamente. Sin embargo, el modo en que Delgado hoy lleva adelante los operativos y la exposición que generan sus intervenciones terminan colocando al propio Ejecutivo municipal en el centro de las críticas.
Con estos antecedentes y la sed por ocupar la intendencia, su exposición pública desde un área tan sensible del municipio no deja de alimentar las especulaciones sobre un eventual posicionamiento político propio. Y mientras el intendente queda obligado a dar explicaciones por decisiones y procedimientos que involucran a uno de sus funcionarios, Delgado suma visibilidad en un escenario donde las aspiraciones políticas suelen empezar mucho antes de que una candidatura sea formalmente anunciada.
Mientras tanto, la denuncia quedó en manos de la Fiscalía N°2, el punto central será determinar qué ocurrió durante aquel procedimiento, qué facultades tiene el funcionario interviniente y si la actuación se ajustó a las normas vigentes.