La reforma de la Carta Orgánica Municipal de Salta llegó al Senado provincial en medio de un fuerte enfrentamiento político. La discusión se centra en los cambios que la Comisión de Legislación General introdujo al texto aprobado por la Convención Municipal y que provocaron el rechazo de los exconvencionales de La Libertad Avanza (LLA), quienes amenazan con recurrir a la Justicia si no se recupera la redacción original.
El conflicto abre un debate sobre el alcance de las modificaciones y sus consecuencias para el funcionamiento institucional de la capital salteña. Entre los puntos cuestionados aparecen disposiciones vinculadas con la transparencia presupuestaria, la independencia de los organismos de control, los requisitos para ser concejal y los mecanismos de selección de funcionarios.
Uno de los principales cuestionamientos de los referentes libertarios apunta a la eliminación de cláusulas relacionadas con la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos municipales.
Según el planteo de los exconvencionales, el dictamen suprimió la prohibición de establecer partidas presupuestarias exentas de rendición de cuentas. También modificó disposiciones que buscaban garantizar la autonomía de los organismos fiscalizadores y ampliar la participación ciudadana durante el tratamiento del presupuesto.
Los reclamos se extienden a otras áreas de la administración municipal. Entre las modificaciones objetadas figuran la eliminación del requisito de contar con el secundario completo para acceder a una banca de concejal y los cambios en los límites para la contratación de personal en la comuna.
El dictamen también habría alterado las disposiciones sobre la duración de los mandatos de los vocales del Tribunal de Cuentas, eliminado la exigencia de concursos públicos para designar secretarios del Tribunal de Faltas y suprimido términos vinculados con la independencia institucional del Defensor del Pueblo.
Los exconvencionales de La Libertad Avanza sostienen que las modificaciones introducidas durante el tratamiento legislativo desvirtúan aspectos centrales del texto que había aprobado la Convención Municipal.
El sector formalizó su oposición mediante una presentación ingresada en la mesa de entradas de la Legislatura. Además, advirtió que podría acudir a los tribunales locales si no se restituye la versión original.
La controversia plantea una cuestión central: mientras el Senado analiza la norma con las modificaciones incorporadas en comisión, los representantes libertarios buscan que se mantenga el articulado sancionado previamente.
La eventual presentación judicial dependerá de cómo avance el trámite y de las decisiones que adopten las partes involucradas. Por el momento, la amenaza de recurrir a los tribunales constituye una advertencia política y legal, no una resolución judicial sobre la validez de los cambios.
La discusión no se limita a las diferencias entre los bloques políticos. Los artículos cuestionados abarcan mecanismos que pueden incidir en la forma en que se administran los fondos públicos, se designan funcionarios y se controlan las decisiones del municipio.
Otro de los puntos observados es la eliminación de un artículo que permitía a los ciudadanos conocer con mayor precisión el componente tributario municipal incluido en las transacciones comerciales.
Para los exconvencionales que objetan el dictamen, la supresión de estas disposiciones representa un retroceso respecto de las herramientas de transparencia y participación previstas en el proyecto original.
La definición legislativa determinará qué redacción tendrá la Carta Orgánica Municipal y cuáles serán las reglas institucionales que regirán al municipio capitalino en las materias alcanzadas por la reforma.
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