El acceso gratuito a medicamentos esenciales atraviesa un fuerte retroceso, según un informe con datos actualizados a octubre de 2026. Analizan los cambios aplicados por el Gobierno nacional al programa Remediar y a la cobertura de PAMI, y señala que las consecuencias alcanzan tanto a las personas sin obra social como a jubilados y pensionados.
Uno de los datos que involucra directamente a Salta es la caída del 70% en los tratamientos dispensados por Remediar entre 2024 y 2025. La provincia aparece entre las jurisdicciones más afectadas, junto con Chaco, que registró una disminución del 72,4%, de acuerdo con las cifras recopiladas en el estudio.
Se señala que el 15 de octubre de 2026 el Ministerio de Salud de la Nación publicó una resolución que reemplazó el listado de medicamentos esenciales para la atención primaria. La nómina anterior contemplaba 128 productos, mientras que la nueva quedó reducida a seis principios activos, todos vinculados con enfermedades cardiovasculares.
Los medicamentos que permanecen son ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
Entre los productos que quedaron afuera aparecen la metformina, utilizada para tratar la diabetes; la levotiroxina, indicada para el hipotiroidismo; el salbutamol, empleado en casos de asma y EPOC; además de antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina. También fueron excluidos el hierro, el ácido fólico, antihistamínicos, antimicóticos y distintos anticonceptivos.
La reducción fue progresiva: los botiquines que en 2024 contenían alrededor de 75 productos bajaron a unos 30 durante el primer semestre de 2026 y, desde julio, pasaron a incluir entre 22 y 23. Para enero de 2027 está anunciado un esquema exclusivamente cardiovascular, junto con la implementación plena del traspaso de responsabilidades a las provincias.
Las cifras también muestran una disminución en la distribución. Remediar llegó a abastecer aproximadamente 8.100 centros de atención primaria y alcanzaba a unos 19 millones de personas. Sin embargo, la última entrega de 2025 llegó a 4.131 establecimientos y la primera de 2026 a 4.202.
En cuanto a los tratamientos dispensados, pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una reducción del 62%. Además, el presupuesto asignado al programa para 2026 fue de $36.054 millones, un 72% menor en términos reales respecto de lo ejecutado en 2023.
Advierten que estas modificaciones pueden afectar especialmente a personas con enfermedades crónicas, niños, embarazadas y mujeres que accedían a anticonceptivos gratuitos. También señala que las familias podrían tener que afrontar mayores gastos de bolsillo y que aumentaría la demanda en hospitales de mayor complejidad.
El relevamiento incluye modificaciones en la cobertura de la obra social de jubilados y pensionados, que alcanza a más de 5,3 millones de personas.
Desde 2024 se aplicaron distintas restricciones: los medicamentos gratuitos por afiliado pasaron de seis a cinco; se excluyeron distintas moléculas de la cobertura total y varios productos quedaron sujetos a descuentos del 40%. También se establecieron requisitos económicos y patrimoniales para acceder a la cobertura del 100%.
A octubre de 2026, el límite de ingresos para obtener esa cobertura quedó fijado en $653.623 mensuales. El informe también indica que el listado de medicamentos cubiertos pasó de casi 3.000 a unos 2.000 productos.
Otro dato que destaca el documento es la evolución de los precios: desde noviembre de 2023, los medicamentos más consumidos por personas mayores aumentaron alrededor del 404% en sus valores de venta al público, mientras que los precios que efectivamente pagan los afiliados con cobertura de PAMI subieron cerca del 638%.
También advierten sobre la reducción de partidas destinadas a salud. En mayo de 2026, una decisión administrativa recortó más de $63.000 millones del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación.
Entre los programas afectados figuran el de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, con una reducción cercana a los $20.000 millones; los tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo, con $5.000 millones; y Salud Sexual y Procreación Responsable, con $900 millones.
El documento sostiene que la disminución de los envíos nacionales traslada mayores responsabilidades económicas a las provincias, que deben afrontar la compra de productos que dejaron de distribuirse. La capacidad de respuesta, advierte, puede variar según los recursos disponibles en cada jurisdicción.
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